La Alcaldía de Sucre decidió tomar posesión de 34 tiendas y nueve kioscos alquilados a comerciantes en el centro de la ciudad por una deuda no cancelada de más de 10 millones de bolivianos. Ayer, lunes, procedieron al desalojo. Los afectados admiten que tienen cuentas pendientes, pero dicen que no hay una instancia municipal que reciba estos pagos, pese a que insistieron incluso con la presencia de una notaría.
El director de Ingresos de la Alcaldía, Juan Batallanos, explicó que iniciaron el desalojo de las tiendas para recuperarlas y emitir una nueva licitación, ya que los actuales adjudicatarios adeudan alrededor de 10,5 millones de bolivianos desde hace ocho años y, según sus palabras, “ya se creen los dueños”.
Según Batallanos, los adjudicatarios titulares, con quienes el Municipio firmó acuerdos contractuales de alquileres, ya no son los mismos porque ellos subalquilaron a terceras personas.
Dijo que los adjudicatarios fueron notificados con esta decisión el pasado miércoles y que, como no se presentaron, se procedió a clausurar los negocios.
Ayer, personal policial y municipal organizó un operativo de desalojo de las tiendas, pero solo logró intervenir una caseta. Entretanto, todas las casetas en cuestión se encuentran cerradas.
DENUNCIAN “ATENTADO”
Esta determinación de la Alcaldía fue calificada como allanamiento y un atentado contra la libertad al trabajo por parte de los adjudicatarios, que plantearon una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental.
Mostraron a los periodistas documentos notariados en los que se observa que intentaron pagar su deuda, pero no había reglas claras sobre el monto del pago y algunas multas por presuntas demoras.
El abogado defensor de los adjudicatarios, Jaime Hurtado, reveló que existe un proceso contencioso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aún no resolvió la causa y tampoco emitió ninguna orden de desalojo.
Ana María Rivera de Lora, presidenta de estos vendedores, reconoció que deben alquileres desde julio de 2017, pero aseguró que funcionarios de la Alcaldía no quieren recibir el dinero, algo que, según dijo, está acreditado por una notaría.
Los adjudicatarios piden una auditoría de los alquileres de 35 tiendas, nueve kioscos y un mingitorio del mercado Campesino.
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