El Control Social y la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) rechazaron ayer el techo presupuestario del Concejo Municipal de 2023, que se fijó en 17,5 millones de bolivianos, un millón y medio más que el presupuesto del ente deliberante de este año.
Según ambas organizaciones, el Concejo inscribió en el POA 2023 un millón de bolivianos para retomar la construcción de la Carta Orgánica y medio millón para enfrentar contingencias judiciales.
El presidente de la Fedjuve, Juan Carlos Miranda, dijo que, seguramente, lo que pretende el Concejo es pagar los juicios que perdió por despedir personal, y agregó que, en el caso de la Carta Orgánica, la Fedjuve no está en contra de retomar el trabajo, pero pidió “transparencia” y que el trabajo se desarrolle con una “buena planificación”, para evitar que esos recursos se pierdan.
“No queremos que fracase como antes y que ese millón, esos recursos puedan beneficiar a nuestras subalcaldías”, pidió el dirigente.
En la misma línea, el presidente del Control Social, Edwin Cuba, informó que la organización decidió rechazar el POA 2023 y pedir al Concejo que desista de incluir en su presupuesto el millón y medio de bolivianos. “Queremos que se mantenga su presupuesto de 16,5 millones y que ese millón y medio vaya a las subalcaldías”, señaló.
Al respecto, el presidente del Concejo Municipal, Gonzalo Pallares, afirmó que aún no recibió ningún documento oficial de rechazo y observó la postura del Control Social. “Cualquier posición, ya sea del Control Social (u otra), lo tienen que hacer de forma técnica, exponiendo y justificando los motivos sobre por qué no quieren aprobar un presupuesto”, demandó la autoridad.
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