Norma libera áreas para la construcción de edificios en Sucre

Ahora el trámite para construir en las áreas de expansión del municipio de Sucre será menos complicado, una vez que ayer se promulgó el Decreto Municipal Nº 78/2022.

Esta normativa regula las construcciones, desburocratiza los trámites, libera áreas y otorga seguridad jurídica para atraer inversiones, dijo el concejal Oscar Sandy (MAS) en la presentación de este decreto.

Por ejemplo, antes las avenidas Jaime Mendoza y del Maestro eran consideradas áreas patrimoniales y no se podían construir edificios allí; ahora ya no tendrán ese carácter. Esos espacios fueron liberados y se podrán construir propiedades de altura, afirmó.

Asimismo, Sandy recordó que antes la normativa prohibía la construcción de edificios si un terreno no tenía un mínimo de 500 metros cuadrados de superficie; solo podían ser de cinco pisos con esa superficie. Ahora esta disposición ya no está vigente y se abrió una regulación que permite levantar edificaciones en lotes de menor tamaño (el límite es 150 metros cuadrados), solo considerando el ancho de vía, armonía y “aire” del proyecto.

Por otro parte, el concejal afirmó que los emprendimientos de balnearios en el área rural del municipio ahora son parte de esta regulación para facilitar las inversiones. Recordó que varios de estos proyectos tuvieron problemas para acceder a créditos, por cuanto no tenían documentación de respaldo para acreditar su iniciativa.

“Ahora van a poder construir edificios en altura (…), pero también van a poder tener sus derechos propietarios horizontales”, dijo el alcalde Enrique Leaño al recordar que varias personas no podían consolidar este derecho porque esta clase de construcciones no estaban aprobadas.

Así como estas hay otras disposiciones en el Decreto Municipal Nº 78/2022, que tienen por finalidad dotar herramientas normativas que faciliten la construcción para atraer la inversión.

“Nosotros nos hemos quedado obsoletos en la normativa y esto ha derivado en que nuestra administración municipal sea pesada por la ‘obsolescencia’ administrativa que ahuyenta la inversión privada. Es burocrática”, sostuvo Sandy.