El asunto se encuentra en pleno debate. La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, un organización afín al MAS, presentó recientemente un proyecto de ley que tiene como objetivo “regular” la administración de los ingresos adicionales por la explotación del campo Margarita-Huacaya. La bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental, donde tiene la mayoría, considera que, con la norma, se generará no solo un “plan de inversiones”, sino que se “instaurará” una especie de modelo de “planificación participativa” en las decisiones sobre el destino de las inversiones de la Gobernación. La administración departamental, no opina lo mismo: considera que ya no deben hacerse leyes “coyunturales”, sino “permanentes”. Además, advierte que estas, incluso, pueden “frenar” y “perjudicar” la gestión del Ejecutivo.
El proyecto de ley en cuestión busca regular el uso de los más de 90 millones de bolivianos que recibió la Gobernación en 2022 y los más de 250 millones de bolivianos que recibirá en 2023, gracias a la actualización del factor de distribución del campo Magarita-Huacaya en 2022.
La norma plantea la confección de un “plan departamental de inversión”, pero de manera “consensuada” con las cuatro regiones del departamento, según explicó el jefe de bancada del MAS, Ricardo Zárate.
Además, propone que ese dinero se invierta en proyectos “prioritarios”, esencialmente en “gestión integral de recursos hídricos, proyectos de electrificación, infraestructura caminera y desarrollo productivo”.
“Lo que queremos instaurar al interior de Chuquisaca es que haya una planificaciones participativa”, como ocurre en las alcaldías, explicó Zárate.
Consultado, el secretario general de la Gobernación, Santiago Arana, dijo que “están en su derecho de hacer las leyes que vean convenientes”, pero señaló que ya “no es conveniente hablar de recursos adicionales”, sino de “ingresos programados”, porque ya se sabe cuánto recibirá el departamento por Margarita-Huacaya en adelante. “Entonces, ya no tenemos que hacer leyes coyunturales, sino más bien leyes permanentes”, observó. “Frenar, con leyes, una actividad meramente ejecutiva, no es saludable para nadie”, agregó.
Dijo que la Gobernación trabaja en una asignación de recursos “equitativa” a fin de “atacar zonas estratégicas” y “beneficiar a la mayor cantidad de gente” posible.
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