Ley de Estacionamientos: Alcaldía dice que ‘nada está escrito en piedra’

La Alcaldía abrió este jueves la posibilidad de hacer modificaciones a la ley de estacionamientos, ya que "nada está escrito en piedra", tras las observaciones del transporte a las multas establecidas en el reglamento. Anticipó que se reunirán con los sectores involucrados para revisar la normativa y su reglamento.

En los últimos días, la Federación de choferes de Chuquisaca y sus sindicatos afiliados, además del presidente del Concejo, Gonzalo Pallares, observaron las multas fijadas en el reglamento de Ley de Estacionamiento y Paradas Momentáneas; los primeros plantearon inclusivo parar su aplicación. 

Ante este panorama, el Ejecutivo municipal pidió reunirse con el sector para escuchar sus observaciones, aunque justificó que para tener una ciudad ordenada y disciplinada las sanciones ejemplarizadoras, son uno de los mecanismos adecuados.   

“Vamos a pedirles reunirnos con ellos (choferes) y nos digan qué es lo que se observa. Si es toda la ley tendremos que pasarle al Concejo Municipal para que lo modifique y, si en caso fuera la reglamentación, hay que buscar soluciones reuniéndonos, porque nada está escrito en piedra y todo se puede corregir y arreglar entrando en consenso”, indicó el alcalde Enrique Leaño.

A través de un pronunciamiento, la Federación de Choferes de Chuquisaca se declaró en contra y cuestionó las multas establecidas en el reglamento de la ley, al considerarlas como algo “arbitrario y dictatorial”, y solicitó que su aplicación se paralice, ya que la medida no fue analizada, coordinada ni socializada con el sector.

El Sindicato de Micros San Cristóbal respaldó la posición de la Federación y ratificó que las multas en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs) son muy altas, ya que por una sanción leve, sus afiliados tendrán que trabajar gratis dos días para pagar la multa y si es una infracción gravísima, serán cinco días de trabajo.

La Asociación de Transporte Mixto Sucre, por su parte, solicitó audiencia con la primera autoridad municipal para tratar estos y otros temas.  

Al respecto, Leaño recalcó que se busca disciplinar a los conductores de motorizados con sanciones, ya que nadie cambia de manera voluntaria.

“Lo que nosotros queremos es una ciudad ordenada y disciplinada. A partir de eso se tiene que poner normas, porque si esperamos la buena voluntad de todos sabemos que no vamos a poder cumplir: si no hay prohibiciones con sanciones, no cumplimos”, agregó.

Acotó que “si yo no incumplo, no me tendría que importar si la multa es de 10 bolivianos o de 1.000. O sea, ese es el punto, ¿queremos seguir incumpliendo?, entonces nunca nos vamos a corregir, pero si las sanciones son altas, vamos a dejar de incumplir por miedo a la sanción”.

“Si no quieren pagar multas altas, porque se supone que quieren seguir infringiendo, entonces igual podemos consensuar para que sigamos siendo una ciudad desordenada con multas bajitas que sigan generando caos vehicular”, sentenció la autoridad edil.

Llamó a que se propongan soluciones o dejar que la Comuna se encargue de ejecutarlas para tener una sociedad disciplinada y organizada.

No se creará una nueva Guardia

De acuerdo al artículo 7 del reglamento de la Ley 290/2022, la Alcaldía debe contar con una Guardia Municipal de Transporte, algo establecido en los artículos 27, 28, 29 y 30. Sus funciones serán cumplir y hacer cumplir todas las atribuciones en materia de regulación y control del tráfico vehicular, para garantizar la circulación fluida, hacer cumplir las determinaciones sobre estacionamientos y paradas momentáneas e imponer multas y sanciones por las infracciones previstas.

Al respecto, el alcalde Enrique Leaño, dijo que es imposible constituirla en este momento porque “a veces hacen leyes sin pensar en la economía que tenemos”. 

“Es imposible constituir una nueva guardia municipal de transporte, lo que tenemos que hacer es subdividir nuestra Guardia. Ahora tenemos 60 guardias, entonces 15 o 20 tendrán que cumplir esta tarea hasta que mejore la situación económica”, dijo la autoridad al recalcar que la normativa está en su periodo de socialización, por lo que aún no entró en vigencia.