Gobernación acude al TCP y pide suspender la Ley 518

La administración departamental presentó ayer ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción abstracta de inconstitucionalidad contra la Ley 518, tal como lo adelantó a principios de semana el gobernador Damián Condori, que sostiene que la norma es inconstitucional y que vulnera competencias de la Gobernación. En su recurso, además, pidió, como medida cautelar, que la norma quede suspendida mientras se resuelve el fondo de la demanda. El MAS dijo que asumirá defensa una vez que la Asamblea Legislativa Departamental sea notificada y ratificó que la Ley se encuentra vigente.

“Por encargo del gobernador Damián Condori, se ha presentado una acción abstracta de inconstitucionalidad contra la Ley 518, aprobada y promulgada por la Asamblea Legislativa Departamental”, dijo el consultor jurídico externo de la Gobernación, Marco Baldivieso, en las puertas del TCP, tras entregar el recurso.

El abogado constitucionalista precisó que la Gobernación solicitó declarar la inconstitucionalidad de la totalidad de la norma, ya que esta podría generar un grave perjuicio al departamento. “En realidad, se observa el artículo 1, el artículo primero. Pero, al ser este artículo el objeto de la norma –regular los recursos provenientes de hidrocarburos–, todos los demás artículos (…) quedan también afectados. En consecuencia, estamos pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de toda la norma, de todos sus artículos y todas sus partes”, explicó. 

El artículo primero de la Ley 518 establece que el objeto de la norma “es regular la administración de los recursos económicos adicionales provenientes de las regalías hidrocarburíferas 2022 y 2023 para una gestión integral, a través de Plan de Inversión Pública Departamental, que garantice el vivir bien, así como el derecho fundamentalísimo de uso y acceso al agua en el departamento de Chuquisaca”.

En ese marco, la Gobernación solicitó, además, que la norma quede suspendida hasta que se resuelva el fondo de la demanda. 

“Lo que se ha pedido es la suspensión de la aplicación de esta ley hasta que el TCP resuelva el fondo esta acción de inconstitucionalidad y declare si es o no compatible con la Constitución”, explicó Baldivieso. “Imagínense si se invierten recursos y es declarada inconstitucional. Generaría un daño económico enorme al departamento y responsabilidad penal, civil y administrativa para todas sus autoridades. Es una acción necesaria, una acción que le va a dar certidumbre jurídica a la gestión departamental”, complementó.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Ricardo Carnicel, al respecto, dijo que la Gobernación está en su derecho de presentar el recurso que vea conveniente y dijo que la Asamblea asumirá defensa una vez que sea notificada.

“Están en su derecho. Cada autoridad puede presentar (lo que vea conveniente) La Constitución les faculta. Nosotros vamos a asumir defensa en su momento, vamos a asumir defensa una vez que seamos notificados. Vamos a tomar las acciones que correspondan”, dijo la autoridad.

Entretanto, añadió, la Ley se encuentra vigente y el Gobernador está obligado a trabajar en la reglamentación, si no quiere incurrir en incumplimiento de deberes.

LA LEY

La Ley 518 ordena transferir el 50% de los recursos adicionales de 2022 y 2023 a las alcaldías, incluida la de Sucre, con base en un plan departamental de inversión pública.