Denuncian que poblador lucra con agua de pozo

Pobladores de la comunidad de Molle Mayu, del Distrito 6 de Sucre, denunciaron a un miembro del pueblo de lucrar con el agua de un pozo que construyó en su propiedad.

Para corroborar este hecho, solicitaron realizar una inspección a la asambleísta Luz Zubieta, de la Comisión de Medio Ambiente, Madre Tierra y Agua, quien estuvo el miércoles en el lugar, adonde llegó CORREO DEL SUR.

“Hemos visto que hay mucha tecnología acá. Hay cámara de seguridad, hay reflectores y yo creo que es una empresa grande que está interviniendo en esta perforación que se ha hecho del pozo ilegal”, dijo la asambleísta, quien solicitará al Ejecutivo departamental un informe técnico, administrativo y jurídico sobre este emprendimiento.

Según Édgar Rivera, dirigente de Molle Mayu, Valentín Fernández, un miembro de la comunidad, “de manera arbitraria y cometiendo un ilícito ha perforado un pozo sin cumplir con las normas”.

Este aprovechamiento de agua estaría “secando” los pozos que tienen en la comunidad.

El dirigente, además, observó que Fernández está lucrando con el agua, “cosa que está prohibida terminantemente en la Constitución y el Código Penal”. Mencionó que sus principales clientes son la empresa china CHEC, que construye la doble vía Sucre-Yamparáez, y un matadero que hay en la zona.

Comparó que la comunidad, donde viven unas 80 familias, consume alrededor de 80.000 litros al mes, “y este señor está vendiendo 180 mil litros de agua por día”.

EL PROPIETARIO

En respuesta a los reclamos, Fernández dijo que no es el único que vende agua de pozo en la zona y habló de ensañamiento en su contra.

Recordó que a un principio la comunidad se opuso a dotarle agua para regar su predio, por lo que tuvo que construir un pozo. “Como nos ha costado, también tenemos derecho para recuperar tanto dinero; por ese motivo estamos pasando (vendiendo)”, afirmó el propietario. Agregó que cuenta con un Número de Identificación Tributaria (NIT) para distribuir agua, por lo que todo lo que vende es facturado. 

Fernández señaló que quiere llevarse bien con la comunidad, pues incluso ofreció dotarles agua sin cobrar a quienes la requieran. “La familia que vaya a consumir, que ponga su medidor y que pague a la comunidad, no va a ser para mi”, dijo. 

Finalmente, manifestó que su pozo está a más de 150 metros del que tiene la comunidad, que es la distancia mínima que establece la ley, según sus palabras. Además, “de ellos (su agua) es más salada, de mí es más dulce; entonces, ahí nomás se sabe sí afecta o no”.

ESTUDIO

Un estudio hídrico de 2006, realizado por la Gobernación y el JICA, estableció que el pozo para la comunidad, que en ese entonces estaba habitada por 12 familias (ahora son 80), iba a tener una “provisión racional” durante 20 años y que pasado ese tiempo debía buscarse otra fuente de agua, según el dirigente.