¿Qué hacer con el Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla?

El aeropuerto Juana Azurduy de Padilla está en boca de todos, no solo porque se revelan informes de su precario estado, sino porque suman las voces que respaldan la necesidad de que Sucre tenga una terminal aérea alternativa a la de Alcantarí.

La representación vecinal del Distrito 3 considera que esta es una oportunidad para devolver el movimiento económico a la zona y para que el municipio cuente con una pista de aterrizaje propia, opcional frente al tiempo y el costo de traslado hasta Alcantarí, en Yamparáez.

La reacción vecinal ganó rápido apoyo de instituciones y legisladores, quienes conformaron una comisión que se aboca en el tema, aunque con escasa o mediana respuesta de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), que dejan esperar un informe técnico solicitado acerca de la situación real del Juana Azurduy, así como el listado de requerimientos para un eventual reinicio de actividades.

El jueves hubo una visita a Lajastambo de representantes de la Alcaldía, Concejo Municipal, Gobernación, Fuerza Aérea, Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y el Consejo Distrital 3. Se determinó remitir una carta de solicitud al presidente Luis Arce de que se viabilice esta refuncionalización, además de exigir un informe técnico a Naabol y la DGAC, antes de un nuevo encuentro pactado para la primera semana de julio.

¿CUÁL ES SU SITUACIÓN ACTUAL?

Esta terminal aérea dejó de operar en 2016 para dar paso al aeropuerto de Alcantarí. Desde entonces, no hubo acuerdo respecto al uso que se le debe dar a la antigua infraestructura. El debate regional arrojó una serie de planteamientos que incluyó la posibilidad de su readecuación para la nueva Terminal de Buses, una propuesta que no prosperó.  

Las autoridades, bajo el influjo de algunos legisladores, optaron por entregarla en comodato a la Fuerza Aérea, con la intención de que se asegure su resguardo y se garantice su continuidad con vuelos de naves militares y avionetas de servicios. A decir de los representantes del D-3, esto nunca se cumplió, salvo las escasas oportunidades en las que aterrizó la aeronave asignada al expresidente Evo Morales o los helicópteros Super Puma que se mostraron como exhibición en paradas militares de aniversario, y alguna que otra nave de servicio para mitigar incendios.

A estos incumplimientos se suma el robo de alrededor de 1.000 metros de la malla perimetral, la habilitación de vías clandestinas para peatones, motorizados y ganado –que diariamente atraviesan por la pista aérea–, el desmantelamiento de los equipos de navegación y, además, la invasión de terrenos por parte de vecinos, lo cual fue constatado en la inspección del jueves.

MÁS DIFICULTADES

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Filial Chuquisaca, Álvaro Churruarrín, aporta al debate señalando dos grandes obstáculos: el estado de la capa de rodadura y la visibilidad de la pista aérea.

Un conversatorio técnico organizado por la SIB reveló que en las separaciones de las losas del pavimento se presentan desniveles de hasta 4 mm, ocasionados por la antigüedad y el uso. El peso y la velocidad de las aeronaves aumentarían el grado de riesgo en las operaciones. El ancho de la capa de rodadura es insuficiente y el espacio a los costados de la pista ya no cumple con los parámetros de seguridad, dada la proximidad de las nuevas viviendas construidas. 

La SIB advierte, además, que la visibilidad de la pista ya no cumple los parámetros de la nueva reglamentación aprobada en 2014.

Consultado al respecto, el expresidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia Manolo Mayta coincide en la importancia de retomar las operaciones aéreas en el AJAP, pero recuerda que la pista ya no presenta las condiciones de “resguardo y aproximación”, dada la proliferación de construcciones adyacentes, sin ningún tipo de orden, en los últimos años. 

En la última inspección se advirtieron muros de casas construidos al lado de la malla perimetral y otro tipo de extremos. En caso de que un avión sufriera un percance y tuviera que salirse de la pista, podría toparse con estas construcciones.  

Los vecinos no solo construyeron casas pegadas a la línea perimetral, sino que también hicieron movimientos de tierra para elevar el nivel de sus terrenos, dejando por debajo la malla divisoria. En el Barrio Belén y otros colindantes, se levantaron todo tipo de construcciones que minimizaron la visibilidad de la pista.

El comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, Cnl. DAEN William Funes, cuantificó la reducción de la pista de aterrizaje de 2.800 a 1.800 metros, debido a las construcciones en las cabeceras. Por esto, ya no cumpliría los estándares para recibir aeronaves comerciales de gran envergadura.

A ello se añade el desmantelamiento de la infraestructura y del equipamiento de navegación, señala Mayta, quien recuerda que varios de esos equipos fueron trasladados a otros aeropuertos provinciales y probablemente están obsoletos, por lo que ahora se debe invertir en unos nuevos.

Si bien representantes de Naabol indicaron que el AJAP es operable, la DGAC recuerda que para que un aeropuerto tenga operaciones comerciales debe cumplir con la reglamentación de aeronáutica civil.

Solicitan revisión del comodato

En los últimos días se escucharon cuestionaron a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que detenta el resguardo del aeropuerto Juana Azurduy de Padilla (AJAP) como recinto militar, por permitir el ingreso de vecinos y otros excesos como la afectación al cerco perimetral.

Al respecto, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Filial Chuquisaca, Álvaro Churruarrín, sugiere una evaluación del comodato con la Fuerza Aérea, así como conocer si la Gobernación tiene presupuesto para ejecutar inversiones.

“Hay que ver si es dejadez de los militares y evaluar si se está cumpliendo el comodato”, complementa, por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, Edwin Flores. 

El expresidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia Manolo Mayta coincide en que es evidente la irrupción de vecinos y en los cuestionamientos a la seguridad del aeropuerto, por lo que también apunta a revisar el comodato suscrito entre la Gobernación y la FAB.

Palabra de empresarios, ingenieros y arquitectos

Empresarios, ingenieros y arquitectos expresan sus recomendaciones para darle nuevamente funcionalidad al AJAP, en Sucre.

En primer lugar, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, Edwin Flores, es partidario de que retornen las operaciones al aeropuerto de Lajastambo para darle continuidad al proyecto de la “Ciudadela Médica” que se construye en la zona, entre otros requerimientos de la ciudad.

Sin embargo, plantea que el tema sea abordado con criterios eminentemente técnicos, sin posiciones políticas y sobre la base de documentos de análisis como el contrato de comodato del aeropuerto a las Fuerzas Armadas, los informes de la DGAC y Naabol, presupuestos y factibilidad, entre otros.

Flores plantea conformar un Comité Impulsor que sea capaz de aglutinar a la institucionalidad local, autoridades públicas, organizaciones técnicas y profesionales, parlamentarios, etc., con un principio de identificación regional. Dice que con consenso y unidad se debe iniciar una cruzada regional para poner en marcha este proyecto, apuntando al fortalecimiento económico de la región. 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Filial Chuquisaca, Álvaro Churruarrín, acota que el aeropuerto podría brindar un servicio próximo a la ciudad para avionetas, para el área de salud o la llegada de altas autoridades, pero para ello se debe evaluar si hay posibilidades de hacer importantes inversiones.

La frecuencia de vuelos sería una dificultad para el aeropuerto de Lajastambo, agrega el expresidente del Colegio de Arquitectos, Manolo Mayta, quien considera que aeronaves pequeñas, de líneas aéreas como TAM o AmasZonas, entre otras, podrían ofertar vuelos intermitentes de una menor capacidad de pasajeros.  

Mayta –que también es partidario de que la capital cuente con su propio aeropuerto– enfatiza que primero debe existir una voluntad regional y, luego, una decisión política de las autoridades chuquisaqueñas.

En cuanto a los recursos que deberán erogarse para poner en funcionamiento la pista de Lajastambo, ve difícil que el Gobierno quiera asumir esta inversión.

Dice que el gasto en equipamiento de aeronavegación, refuncionalización de la infraestructura, mobiliario y otros tendrán que ser absorbidos por Sucre.