Demuelen dos pisos de inmueble que vulneraba norma patrimonial

Bajo la normativa de resguardo y conservación del patrimonio histórico de Sucre, la Alcaldía comenzó la demolición de un inmueble de cinco pisos construido en el casco viejo de la ciudad, a cuatro cuadras de la plaza 25 de Mayo. Hace más de seis meses el Comité Custodio del Patrimonio Histórico Cultural y Arquitectónico de Sucre y vecinos del barrio Santa Clara habían denunciado que el edificio ubicado en la calle Potosí y Dalence, vulneraba todas las normativas vigentes. 

Tras una intervención, la Municipalidad catalogó de “clandestina” a la construcción al identificar que no contaba con un permiso aprobado y otros documentos. 

En ese sentido, emitió notificaciones de paralización de obras, mismas que en reiteradas oportunidades fueron omitidas por los propietarios, quienes en vez de frenar la construcción, aceleraron incluso en horario nocturno. 

Ante esta situación, se inició un proceso administrativo ante instancias judiciales que concluyeron con un acuerdo para la demolición y la readecuación de la vivienda, según explicó a CORREO DEL SUR el director municipal de Patrimonio Histórico, Ronald Ortiz. 

“Los trabajos de demolición comenzaron el 8 de agosto y se va a prolongar cerca de un mes. Ya había un proyecto de reacomodo a la normativa vigente aprobado hace un mes, solo que los propietarios no daban curso. Entonces, hemos pedido que además del compromiso de readecuación que es notariado, se haga otro compromiso que es el inicio de obras para el martes 8”, detalló. 

Serán demolidos dos pisos y la infraestructura se readecuará solo a tres niveles como indica la normativa patrimonial vigente. Ortiz también señaló que para la construcción de este edificio “se destruyó una crujía de valor patrimonial, una que colindaba a un patio colonial”, la misma que deberá ser restablecida, aunque, dijo que esto llevará más tiempo. 

“Ante esta pérdida irreversible lo que queda es la reposición plena volumétrica para que no muera la condición espacial de ese patio antiguo, eso también está contemplado (en el acuerdo), solo que de esa parte está más para futuro”, sostuvo.

Pronunciamiento

En febrero pasado, las juntas vecinales de Santa Ana, San Lázaro, Santa Clara, María Auxiliadora, Kinsa Molle y Khoritambo, Control Social del Distrito 1 del centro de Sucre, además de representantes de la iglesia y del Comité Custodio del Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural emitieron un pronunciamiento de rechazo a este tipo de construcciones y en demanda de acciones más contundentes por parte de la Alcaldía. 

El pronunciamiento expresaba la necesidad de defensa del patrimonio, debido a que cada vez son más frecuentes los casos de construcciones ilegales registradas en el casco histórico de Sucre, que no gozan de planos de aprobación municipal. 

La edificación motivó la presentación de una querella penal por parte del alcalde de Sucre, Enrique Leaño, por el atentado que representa al Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Sucre. Tras mseses de proceso, se llegó a un "acuerdo de demolición y readecuación". 

AVASALLAMIENTOS 

Más de 1.000 metros cuadros de predios municipales fueron recuperados por la Alcaldía en las últimas dos semanas, los cuales eran avasallados por vecinos en diferentes lugares de la ciudad, informó el director municipal de Patrimonio Histórico, Ronald Ortiz, al advertir que mientras no se liberen las áreas “usurpadas”, no se ejecutará ningún proyecto en esa zona o barrio. 

Otras 13 infraestructuras infractoras 

Al menos 13 inmuebles dentro de la zona patrimonial de Sucre vulneran las normativas vigentes por lo que tienen un bloqueo administrativo hasta que regularicen su situación, informó el director municipal de Patrimonio Histórico, Ronald Ortiz. 

La autoridad considera que una de las causas de este problema que atenta contra el patrimonio histórico de Sucre, que desde 1991 ostenta el título Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), es que “antes no hubo una planificación para establecer nuevas áreas de expansión con calidad de vida”. 

En esa línea, señaló que se trabaja de manera primordial en nuevos espacios de crecimiento “como el Corredor Urbano del Bicentenario, con el objetivo de resguardar el patrimonio histórico y que no todos quieran vivir en el centro”. 

Respecto a las viviendas observadas que están fuera de la normativa patrimonial, Ortiz dijo que tienen un bloqueo administrativo, es decir, que no pueden hacer trámites municipales de ningún tipo. 

“Un bloqueo administrativo significa que no pueden sacar líneas municipales, no pueden sacar patentes para ningún tipo de actividad económica y otros que principales requisitos para préstamos bancarios, financiamientos y transferencias”, explicó. 

El funcionario detalló que dentro de estos hay casos complicados que están en instancias judiciales y otros de menor incidencia con los que se busca conciliar una readecuación de la construcción. 

“Podríamos calificarlos como casos complicados como el de la calle Potosí y Dalence y el de la Pastor Sainz, esos han ido a la Fiscalía. El primero ya se ha arreglado y estamos procediendo con la demolición. También podríamos ver otros que no son propiamente agresivos como estos casos; se trata de altillos, de niveles plenos, un nivel pleno con altillo, y esos deben estar rondando aproximadamente los 12 casos”, indicó.