Concejales presentan demanda ambiental contra el GAMS por funcionamiento del albergue en Puca Puca
La acción interpuesta ante el Tribunal Agroambiental solicita medidas preventivas, cautelares y reparadoras por el presunto daño ecológico generado por el albergue “A Puro Corazón”
Ingreso al albergue Foto: Archivo Este jueves por la tarde, los concejales municipales Rudy Avilés y Goya Guadalupe Fernández presentaron una demanda ante un Juzgado Agroambiental de Sucre, dependiente del Tribunal Agroambiental Plurinacional, en contra del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), su alcalde Enrique Leaño y otros funcionarios, por presunto daño ambiental relacionado al funcionamiento del albergue municipal “A Puro Corazón”, ubicado en la comunidad de Puca Puca.
El documento fue respaldado también por los concejales Gonzalo Pallares Soto, Melisa Cortés y Antonio Pino, y constituye la primera demanda de esta índole presentada a nivel nacional ante el Tribunal Agroambiental. La acción busca que se apliquen de forma inmediata medidas preventivas, cautelares y de reparación por los impactos al medio ambiente y a la salud pública.
Entre las medidas cautelares solicitadas, se destacan: una inspección judicial ocular al Centro Municipal de Zoonosis y al albergue de Puca Puca, atención veterinaria urgente para los animales sobrevivientes, libre acceso a ambos centros para organizaciones de protección animal y ciudadanía, implementación de un protocolo estricto de vigilancia epidemiológica para detectar y controlar casos de rabia canina, y la coordinación interinstitucional entre el GAMS, Sedes, Senasag y Pofoma para asegurar una respuesta sanitaria efectiva.
En cuanto a las medidas preventivas, se plantea la elaboración de planes de manejo ambiental, protocolos adecuados para la atención de los animales, cumplimiento de la Ley Municipal 252 y su reglamento, tratamiento adecuado de residuos biológicos, y una evaluación de la viabilidad técnica y operativa para que el albergue continúe bajo la administración de Zoonosis.
El proceso incorpora también mecanismos legales como la carga probatoria a la inversa, que obliga a los denunciados a demostrar que no existe daño ambiental, así como la figura del Amicus curiae, un informe técnico que aportará argumentos e información especializada al tribunal.
