Sucre: Reavivan pulseta por incremento salarial

El incremento salarial vuelve a encender el debate en Sucre: el Ejecutivo, ahora con el respaldo sindical, impulsa un decreto edil que choca con el rechazo del Control Social y el Concejo Municipal, que en junio ya desestimó el Decreto Supremo 5383 del 1 de mayo de 2025, argumentando que no es obligatorio.

El presidente de la Comisión Económica, Gonzalo Pallares, reveló que el Decreto 186/2025 propone un incremento lineal del 3% para los niveles 1 al 16, en contradicción con la resolución del Legislativo, en junio que frenó cualquier alza.

De aplicarse el ajuste, el alcalde Enrique Leaño pasaría de ganar Bs 19.200 a 19.776; los secretarios, de Bs 17.288 a 17.806; y los directores, subalcaldes y asesores jurídicos, de Bs 13.328 a 13.727.

La autoridad expresó su posición personal de que el beneficio debería ser únicamente para los funcionarios de menor rango.

TRABAJADORES EN EMERGENCIA

Este miércoles, respaldado por la dirigencia de la Central Obrera Departamental (COD), representantes de los trabajadores municipales se declararon en estado de emergencia y se presentaron en el hemiciclo exigiendo que el Concejo apruebe el incremento salarial, acordado previamente entre el Ejecutivo y los sindicatos.

El dirigente José Luis Sánchez aseguró que el ajuste no afectará las partidas presupuestarias destinadas a proyectos en los ocho distritos municipales, ya que se financiará con recursos de la partida “otras previsiones”, donde están contemplados el bono de antigüedad y el incentivo municipal. “Hemos tomado una decisión conjunta entre los dos sindicatos y el Ejecutivo para traspasar estos recursos y honrar al trabajador municipal con un incremento en todos los niveles”, explicó.

RECHAZO

La propuesta encontró resistencia en el Control Social. Su presidente, Ignacio Mamani, afirmó que la medida no se ajusta al contexto económico actual y expresó su rechazo.

A esta posición se sumó el concejal Óscar Sandy, quien cuestionó que los Bs 4,1 millones que costaría el incremento podrían destinarse a obras prioritarias, como la construcción de la avenida Navarra o los accesos a la nueva terminal de buses, evitando así la necesidad de acudir a nuevos créditos.

Sandy también advirtió que el decreto promovido por el Ejecutivo incurre en una extralimitación de funciones. 

“Emitir un decreto con ese contenido equivale a que el Ejecutivo pretenda asumir atribuciones legislativas, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución y la Ley Marco de Autonomías”, remarcó.

El pleno observó un error de procedimiento del Ejecutivo y señaló que correspondía pedir la reconsideración.

Este diario intentó obtener la versión del Ejecutivo. El secretario general, Osmar Vargas, no respondió a las llamadas telefónicas, y el vocero Omar Aguilar indicó que recabará mayor información antes de emitir una posición oficial.