Denuncias van y vienen alrededor del POA 2026

En medio de la polémica por el rechazo al Plan Operativo Anual (POA) 2026 de la Alcaldía de Sucre, en las últimas horas surgieron varias acusaciones contra concejales y dirigentes vecinales por supuestos “favores políticos”. 

Desde el miércoles, circula en las redes sociales una planilla con varias escalas salariales, de entre 9.200 y 17.800 bolivianos, en las que figuran nombres de supuestos familiares directos de algunos concejales de Sucre, incluido el actual presidente, Edwin González.

Este jueves, el edil respondió que se trata de una guerra sucia de la anterior directiva debido a que en los próximos días revelará las irregularidades que se cometieron en esa gestión. 

“Es parte de la guerra sucia. Creo que estamos afectando intereses y tengo claro de qué grupo viene esto (…) Es parte de una campaña para desacreditar lo que estamos haciendo porque en los siguientes días nosotros vamos a presentar, no solo a la opinión pública, sino a las instancias correspondientes, cómo ha sido el manejo del Concejo Municipal”, anticipó.

OTRAS ACUSACIONES

Por otro lado, el vicepresidente del Consejo Distrital del Distrito 2, José Luis Burgoa, que hizo varias observaciones al POA, denunció persecución a él y a su familia; aseguró que ello no detendrá su fiscalización al Ejecutivo.

Un grupo de vecinos protestó en la plaza central con carteles en contra de Burgoa, rechazando su oposición al POA 2026. Se declararon en estado de emergencia.

En otro caso, Deysi Taboada, expresidenta de una junta vecinal del Distrito 3, denunció que el presidente del Consejo Distrital del Distrito 3, Alfredo Ríos, tendría supuestos acuerdos con el alcalde Enrique Leaño a cambio de favores para él y su entorno. 

Ríos negó dichas acusaciones y pidió que sus detractores presenten documentación; los acusó de tener intereses políticos. También aseguró que no buscará la reelección.