Aeropuerto Juana Azurduy: Retorna el debate por comodato a la FAB

Con el contrato de comodato a punto de expirar, el futuro del aeropuerto Juana Azurduy de Padilla (JAP), actualmente bajo administración de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), vuelve al centro del debate. Entre las alternativas que se manejan resurge la figura de su refuncionalización, la ampliación del contrato o una posible transferencia al Municipio de Sucre.

El 9 de noviembre de 2022, la administración departamental amplió por tres años el contrato de comodato con la FAB, plazo que vence en 11 días.

Con el tiempo en contra para definir el futuro del aeropuerto, surgen posturas diversas desde autoridades nacionales, distritales y la propia Gobernación.

Desde el Consejo Distrital 3, su expresidente Alfredo Ríos fue categórico: “No estamos de acuerdo con la ampliación del comodato, porque la Fuerza Aérea no ha cumplido su rol; una muestra de ello es el hurto de las mallas perimetrales”. 

“ESTÁ ABANDONADO”

El senador por Chuquisaca, Santiago Ticona, reveló que una reciente inspección al aeropuerto Juana Azurduy de Padilla se evidenció “que está abandonado”.

“Por lo tanto, hemos remitido dos notas al gobernador para que cumpla la Ley Departamental 469/2022, que obliga a cubrir los gastos de mantenimiento y gestionar su refuncionalización”, señaló, al indicar que también solicitaron la inclusión de recursos en el POA 2026.

Ticona agregó que esperan una respuesta y el informe de la Gobernación y advirtió que, de no haber avances, presentarán una acción de cumplimiento. 

“No se trata de acordarse del aeropuerto cada tres años; hay mallas rotas, libre circulación y evidente descuido”, cuestionó.

EN MANOS DE LA ALD

La directora de Gabinete, Daniela Ribera, informó que este martes se reunieron con representantes de la Fuerza Aérea para tratar temas como la reposición de la malla perimetral, la seguridad, la iluminación, los accesos y el contrato de comodato.

Sobre el último punto reveló que la FAB solicitó la renovación del acuerdo, aunque esa decisión depende de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), que mediante la Ley 469/2022 prohíbe al Ejecutivo Departamental firmar contratos o transferencias, competencias antes permitidas por el Decreto 181. 

“Eso nos pone entre la espada y la pared, porque el presupuesto de la Gobernación no alcanza para asumir el resguardo”, afirmó.

Sobre la propuesta vecinal de transferir los predios a la Alcaldía, señaló que solo sería posible si la ALD deroga o modifica la norma. 

¿Y LA REFUNCIONALIZACIÓN?

Ribera añadió que la principal propuesta apunta a reactivar el aeropuerto como alterno y expresó su optimismo tras las reuniones sostenidas con empresarios, representantes del sector hotelero y operadores de turismo, quienes ven con buenos ojos que la Alcaldía, Nabol y otras instituciones locales se sumen a este proyecto.

Aseguró que escucharán las propuestas de los distritos y de todas las instituciones interesadas en participar, y adelantó que, al igual que en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz, la FAB podría desempeñar un rol coadyuvante.

“Necesitamos una decisión certera que permita que el aeropuerto vuelva a operar, quizá no como internacional, pero sí acorde a su capacidad”, sostuvo.