Alcaldías exigen al Gobierno revertir recorte de recursos
La Agamdech se declaró en estado de emergencia y no descarta asumir medidas de presión
ACUERDOS. Una reunión anterior entre alcaldes de Chuquisaca y autoridades nacionales. Foto: Gentileza La Agamdech se declaró en emergencia ante la restricción de hasta el 80% del presupuesto por parte del nivel central del Estado, una medida que pondría en riesgo el funcionamiento operativo de las 28 alcaldías del departamento, por lo que demanda la restitución inmediata de los recursos recortados.
Mediante un pronunciamiento, el sistema asociativo municipal de Chuquisaca advirtió que el recorte presupuestario afectará directamente la ejecución de proyectos de inversión pública, la provisión de servicios básicos y el cumplimiento de obligaciones laborales, especialmente en los sectores de salud y educación, además de limitar la contratación de personal.
“Si esta medida no se revierte, no habrá desayuno escolar ni transporte, y los hospitales no podrán garantizar la atención bajo el SUS. La situación es preocupante”, alertó este miércoles en conferencia de prensa el presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (Agamdech), Dorfio Mancilla.
Agregó que con el 20% del presupuesto disponible no se cubrirán ni los gastos mínimos de funcionamiento municipal.
Por su parte, el secretario Municipal de Planificación de la Alcaldía de Sucre, Felipe Jerez ratificó que esta medida generará un grave perjuicio en la atención de temas estratégicos para la población, como educación, salud, ejecución de obras y mantenimiento de vías, entre otros servicios esenciales.
AFECTACIÓN A LA GESTIÓN
Un día antes, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) Bolivia también se pronunció, cuestionando la medida al considerarla sin sustento técnico ni legal, y denunciando que vulnera las competencias constitucionales de los gobiernos municipales.
Ante la falta de una justificación formal y de un respaldo legal para la restricción, que el Gobierno nacional calificó como “temporal”, la FAM advirtió que la medida atenta contra el régimen de autonomías y genera graves perjuicios económicos, sociales y productivos en los municipios. En respuesta, el Sistema Asociativo Municipal declaró estado de emergencia y exigió al Gobierno Nacional el levantamiento inmediato de las restricciones.
Asimismo, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la restitución plena de los recursos municipales antes de que se produzcan daños irreversibles.
En ese contexto, Mancilla propuso una reunión con el gobierno central para abordar la situación y no descartó medidas extremas, como una huelga de hambre en La Paz.