Fancesa ratifica defensa legal ante Soboce y aclara imprescriptibilidad de la deuda

El asesor legal de la cementera chuquisaqueña, Paul Tolavi, explicó el estado del litigio por competencia desleal, confirmó el vencimiento del plazo este 16 de octubre para el pago de Bs 744 millones y denunció irregularidades procesales pasadas.

Reunión infromativa de Fancesa con los medios de comunicación Reunión infromativa de Fancesa con los medios de comunicación Foto: CORREO DEL SUR

Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL
Local / 09/10/2026 09:47

La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) sostuvo una reunión informativa con medios de comunicación para brindar detalles sobre el litigio legal por competencia desleal que sostiene con la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) desde hace 15 años. Durante el encuentro, el asesor legal de la empresa, Paul Tolavi, repasó la situación procesal del caso, los recursos pendientes y los argumentos legales de la cementera.

Uno de los puntos centrales expresados en la reunión es el vencimiento, este 16 de octubre, del plazo legal para que Soboce efectúe el pago de Bs 744 millones demandados por Fancesa debido a los daños causados por actos de competencia desleal. Según se informó, Soboce intentó frenar este plazo mediante un recurso de complementación, el cual fue rechazado.

Auto Supremo favorable e imprescriptibilidad del daño al Estado

Tolavi explicó que el proceso cuenta con un Auto Supremo que resulta favorable a Fancesa. Frente a los reclamos de la contraparte sobre una supuesta prescripción de la deuda, el asesor legal aclaró que en la legislación boliviana los daños económicos causados al Estado por actos dolosos o faltas comerciales no prescriben.

Al respecto, precisó que, aunque Fancesa opera como sociedad anónima, los recursos que genera forman parte del Presupuesto General del Estado, al destinarse a sus copropietarios: la Alcaldía de Sucre, la Gobernación de Chuquisaca y la Universidad San Francisco Xavier. Por ende, cualquier perjuicio económico causado con intención a Fancesa afecta directamente al tesoro y al presupuesto estatal.

Irregularidades en La Paz y recursos pendientes

El jurista también se refirió a las acciones judiciales internas. Señaló que la concesión de un amparo constitucional el año pasado en favor de Soboce en La Paz estuvo empañada por actos de tráfico de influencias y corrupción, asunto que actualmente investiga de oficio el Ministerio Público tras declaraciones recibidas en dicho proceso.

Actualmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene pendiente resolver dicho amparo en revisión, trámite para el cual Fancesa presentó una solicitud de priorización en julio. Paralelamente, cursa en la Sala Constitucional Segunda de La Paz un recurso de queja presentado por Soboce contra el Auto Supremo, el cual ya fue respondido por la cementera chuquisaqueña demostrando que no existe ningún incumplimiento a fallos anteriores.

Rechazo a la jurisdicción de la Comunidad Andina (CAN)

Respecto al intento de Soboce de llevar el caso ante el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina (CAN), Fancesa aclaró que no reconoce la competencia de dicho tribunal internacional para este proceso.

Tolavi subrayó que se trata de un conflicto entre empresas nacionales y que la normativa establece que los tribunales internacionales no pueden conocer una demanda mientras existan vías judiciales internas abiertas e inconclusas en el país, como el amparo ante el TCP y el recurso de queja.

Asimismo, se expresaron dudas sobre la imparcialidad de la instancia andina, debido a que uno de los abogados defensores de Soboce habría formado parte de dicha entidad. Ante esto, Fancesa solicitó el seguimiento del Ejecutivo nacional y de los parlamentarios supraestatales para vigilar las actuaciones en la sede del tribunal en Ecuador.

Estrategia comunicacional e institucional a nivel nacional

Tras este encuentro con la prensa local, la directiva de la cementera anunció que desplegará una estrategia informativa en el interior del país para socializar los argumentos de la empresa con medios de comunicación nacionales e instituciones empresariales. El directorio ratificó su compromiso de ejercer una defensa transparente y enmarcada en la legalidad para resguardar el patrimonio de la fábrica chuquisaqueña.

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