La reunión sobre la crisis migratoria en el Índico celebrada ayer en Bangkok acabó con el compromiso firmado por los 17 países participantes de reforzar la seguridad y con algo de escepticismo por parte de las organizaciones garantes de los derechos humanos.

El comunicado final contempla además "promover el respeto total de los derechos humanos y adecuar el acceso a las personas a los derechos y servicios básicos, tales como vivienda, educación y sanidad".

El documento evita, como querían las autoridades birmanas, la referencia directa a la etnia musulmana rohinyá, perseguida en partes de Birmania (Myanmar).

"Los objetivos son a largo plazo, pero muy necesarios (...) Una reunión no puede resolverlo todo, sería un milagro", indicó el secretario permanente del Ministerio tailandés de Asuntos Exteriores, Norachit Sinhaseni, en rueda de prensa final.