CONMUTACIONES
Una comisión del Congreso que investigó las denuncias estableció que entre 2006 y 2011 se otorgaron más de 3.000 conmutaciones de penas a narcotraficantes.
El juicio sobre los "narcoindultos" en Perú comenzó ayer con el fin de determinar la implicación de 14 personas en presuntos sobornos para conmutar penas a sentenciados por narcotráfico, en el que constituye el posible mayor caso de corrupción durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011).
Entre los testigos del proceso no está citado el ex presidente García, pero sí su ex ministro de Justicia Aurelio Pastor, quien actualmente cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por un delito de tráfico de influencias.
La audiencia se celebró en la prisión de Piedras Gordas, situada en el norte de Lima, donde se encuentra recluido el ex titular de la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia Facundo Chinguel, el principal implicado en los "narcoindultos" y para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión.
Entre los acusados están la ex secretaria de la comisión de gracias presidenciales, Noelia Gómez, y los trabajadores de esa comisión, Manuel Carrera, Dámaso Luyo, Freddy Vilela, Fabiola Ojeda y Jaime Acevedo.
También son enjuiciados el ex funcionario José Marruffo y los ex delegados de los presos del penal de Lurigancho Carlos Butrón, Henry Cutipa y Rafael Agurto, además de Bernardina Niquén, quien no estuvo presente en la audiencia.
El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los magistrados Guillermo Huamán, María Guillén y Francisco Medina, decidió suspender la audiencia hasta el 30 de julio próximo después de que Manuel Carrera alegara que no había tenido tiempo ni medios para contratar un abogado.
Durante la audiencia, el fiscal Walter Delgado solicitó penas de entre tres y 17 años por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado y la sociedad.
También estuvo presente el procurador anticorrupción Joel Segura, cuya institución reclama una reparación civil ascendente a unos $us. 31.5 millones.
A la salida de la audiencia, el procurador dejó abierta la posibilidad de que el ex presidente García sea citado como testigo, si es que la Fiscalía o la Procuraduría lo consideran necesario para ratificar las declaraciones que se hagan durante el juicio.
