Israel continúa los esfuerzos para rebajar la tensión en la zona tras el asesinato, el pasado viernes, del bebé palestino Alí Dawabsha, y adoptó una serie de medidas inusuales contra terroristas judíos como detenciones sin juicio, las conocidas como detenciones administrativas.

El gabinete de seguridad israelí celebró una reunión en la que abordó ese ataque en la población palestina de Duma, que calificó de "acto de terrorismo en todos los aspectos", y resolvió adoptar recomendaciones profesionales destinadas a abordar este tipo de acciones protagonizadas por radicales judíos.

Entre las medidas que los servicios de inteligencia interior, el Shabak, recomendaron al Ejecutivo, según informó el digital "Ynet", figuran también la colocación de una pulsera electrónica a los sospechosos o convictos de actos de terrorismo judío.

Ante las críticas a las autoridades israelíes de supuesta connivencia con este tipo de actuaciones protagonizadas por colonos y simpatizantes de derechas desde hace años, el Ejecutivo trata de acallarlas mostrando "tolerancia cero" con este tipo de ataques.

"Nuestra política hacia estos crímenes es de tolerancia cero. He dado instrucciones a (los organismos de) seguridad para que usen todos los medios a su alcance para detener a los asesinos y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley", manifestó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Israel aplica en la actualidad la detención administrativa únicamente a palestinos y su eventual implementación a israelíes pone de manifiesto la frustración de las autoridades para lidiar con los autores de delitos como el del viernes.

De momento no se hprodujeron arrestos en relación al ataque ni ningún grupo asumió la autoría del mismo.

El encarcelamiento sin juicio y, en muchos casos, sin asistencia letrada, permite la detención sin cargos y por períodos indefinidos sin que existan pruebas para juzgar a los sospechosos.

En teoría permite a los investigadores reunir pruebas al tiempo que impide que se cometan nuevos ataques, pero Israel ha sido acusada de abusar de un procedimiento controvertido, que debe ser de carácter excepcional, aunque autorizado cada vez más por gobiernos para combatir la amenaza del terrorismo.