La decisión del Gobierno de Puerto Rico de no pagar un vencimiento de la deuda de una de sus corporaciones públicas este fin de semana arrojó una sombra de duda sobre el resto de los 73.000 millones de dólares que se adeudan.

Las consecuencias del impago de 94 millones de dólares, correspondiente a una emisión de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público, son todavía una incógnita para los puertorriqueños.

El Ejecutivo de Alejandro García Padilla adelantó ayer que no se hará comentarios sobre el asunto y el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), el brazo financiero del Gobierno, tampoco dio detalles de un impago que para algunos analistas es el primero de la historia del Estado.

Si embargo, el impago no fue una sorpresa, pues el gobernador García Padilla ya había anunciado que esa deuda no se iba a pagar.

También el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, cuando anunció un esfuerzo para reunir liquidez y saldar los vencimientos de deuda más inmediatos de agosto, matizó que quedaba fuera el de la PFC, una subsidiaria del BGF.

El funcionario fue el encargado de abordar el asunto en ausencia del gobernador, que viajó a Washington para recabar apoyo entre los legisladores del Congreso para que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras federal que rige en el país estadounidense, algo con lo que el secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, se mostró de acuerdo.

Además de la incógnita de las consecuencias del impago está la de por qué el Gobierno puertorriqueño escogió no pagar ese vencimiento de deuda concreto cuando sólo hace un mes se había aprobado el presupuesto.