Un nuevo rechazo del Tribunal de Cuentas a los balances del Gobierno de Dilma Rousseff animó a la oposición brasileña, que ayer sostuvo que ese fallo "comprueba" que violó la ley y que debe ser sometida a un juicio político.

El trámite para el inicio de un proceso con miras a la pérdida del mandato de Rousseff comenzó el martes en la Cámara baja, pero ese mismo día el Tribunal Supremo lo suspendió hasta el miércoles de la semana próxima, cuando establecerá algunos procedimientos para el juicio que fueron puestos en duda por el oficialismo.

Ese paréntesis fue interrumpido por una decisión del Tribunal de Cuentas, que rechazó los alegatos presentados por el Gobierno sobre unas irregularidades en sus balances de 2014, que según ese órgano de contraloría continuaron este año, lo cual dio pie a la oposición para poner en marcha el proceso contra Rousseff.

El Tribunal de Cuentas "ha dicho otra vez que la presidenta incumplió la ley" e incurrió en un "delito de responsabilidad", que según la Constitución puede llevar a su destitución, declaró ayer el senador Aécio Neves, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora del país.

Uno de los principales alegatos del Gobierno fue que el atraso en el envío de recursos a la banca pública es "común" y que ya ocurrió durante las gestiones de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), antecesores de Rousseff.

Sin embargo, el Tribunal rechazó por unanimidad ese argumento y ratificó la sentencia dictada a mediados de año, la cual dice que se trata de "irregularidades graves" y prueban que "el Ejecutivo usó la banca pública para financiarse", en un "claro incumplimiento" de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que disciplina el gasto público.

"Lo que estamos discutiendo es exactamente eso. Si el Gobierno cumplió o no cumplió la ley, y el Tribunal de Cuentas dice que no", apuntó el presidente del PSDB, uno de los partidos de oposición que promovieron la apertura del juicio político contra Rousseff.