Venezuela: Supremo limita al Legislativo y éste lo cuestiona
La sentencia afirma que las FFAA son pasibles de control sólo por el Presidente
PRONUNCIAMIENTO. El presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, afirmó ayer que seguirá investigando a funcionarios civiles y militares por supuesta corrupción y narcotráfico, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida el martes por la noche que prevé "límites democráticos" a la tarea fiscalizadora del Legislativo.
"Vamos a seguir investigando diversos hechos de corrupción, la ruina del aparato productivo y de las empresas a las que le puso la mano el Estado y que se convirtieron en negocio de funcionarios, y de dirigentes del partido del gobierno", dijo el presidente de la AN, Parlamento, en una rueda de prensa.
El diputado indicó que con esta "sentencia del miedo" emitida ayer por el TSJ supuestamente se pretende "eliminar" las facultades que tiene la AN de acuerdo con la Constitución para investigar a cualquier funcionario, civil o militar.
"El TSJ (...) le ha tendido un manto de protección a algunos funcionarios civiles y militares, vamos a seguir investigando en las comisiones, en la que corresponda, los casos de narcotráfico en los que se han visto acusados algunos miembros de las Fuerzas Armadas", dijo Ramos Allup.
Señaló que con la decisión del Supremo se busca "relevar de su deber constitucional de comparecencia ante la Asamblea" a funcionarios civiles y militares para rendir cuentas.
La sentencia se produce en momentos en que la oposición citó a diversas autoridades a presentarse en la Asamblea Nacional y anunció que buscará adelantar el fin del mandato de Maduro a través de vías distintas a un referéndum revocatorio, el único camino al que el Gobierno reconoce validez para el efecto.
Se trata, indicó la sentencia –sobre un recurso de interpretación de la Constitución impuesto por particulares–, de "garantizar el equilibrio entre los poderes" del Estado.
La sentencia detalló a su vez que si bien "la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es pasible de control parlamentario y político", ello debe ser sólo "a través de su comandante en jefe, autoridad jerárquica suprema que ejerce el Presidente".
También insistió en que la Constitución le atribuye a la AN "competencia de control político" sobre el Gobierno, pero no sobre el resto de los poderes del Estado ni tampoco sobre los gobiernos regionales y municipales.
