El Gobierno brasileño se preparó ayer para enfrentar la retomada de las sesiones de la comisión parlamentaria en la que se decidirá la posible apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff.

La comisión inició el pasado viernes su trabajo y celebrará el lunes la segunda de las 15 sesiones previas a la votación en la que se decidirá si se inicia el proceso parlamentario contra la Jefa de Estado.

El ministro de Información, Edinho Silva, afirmó en un artículo en el diario Folha de São Paulo que el oficialismo está empeñado en "desconstruir" el intento de destitución que, en su opinión, es "en nada y por nada justificable".

Para ello, el Gobierno está tratando de aplacar a los sectores disidentes de los partidos de la base oficialista que amenazaron con pasarse a la oposición debido a la agudización de la crisis, lo que podría inclinar la balanza contra los intereses de Rousseff.

En este sentido, Rousseff expresó que pretende servirse de la capacidad de "articulación" del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar la desbandada de los aliados.

Pero precisamente el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, que fue suspendido por una decisión judicial, tuvo un efecto opuesto y supuso un factor desestabilizador, contribuyendo a que dos partidos dejasen la coalición y pasasen a defender la destitución de Rousseff.

En la última semana, después del nombramiento de Lula, abandonaron el barco el Partido Republicano Brasileño (PRB) y el Laborista Brasileño (PTB), fuerzas que suman 40 de los 513 escaños de la cámara baja.

Otras tres fuerzas están discutiendo la posibilidad de romper con el Gobierno, entre ellos el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en el que milita el vicepresidente, Michel Temer, quien asumiría el poder en el caso de que prospere el juicio político.

El destino de la Mandataria, por el momento, está en manos de los 65 diputados de integran la comisión que decidirá sobre la apertura del juicio político.

Esa comisión está formada por diputados de todo el arco parlamentario, incluyendo tanto a opositores como de la base oficialista, aunque en ella también figuran algunos disidentes que convierten el resultado de la votación en una incógnita.

LULA RECURRE ANTE EL SUPREMO
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al Tribunal Supremo para evitar que el proceso abierto en su contra vuelva a la jurisdicción del juez Sergio Moro, el responsable del caso de corrupción en Petrobras, informaron ayer sus abogados.

El magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes anuló el viernes el nombramiento de Lula como ministro en el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con lo que le privó del fuero privilegiado asociado a ese cargo y ordenó que su causa regrese al tribunal de Curitiba dirigido por el juez Moro.

Este juez es responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso Petrobras, también ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y puso escuchas telefónicas para investigar al ex presidente.

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