Diputados votan hoy sobre juicio político contra Rousseff
La Presidenta de Brasil corre el riesgo de ser suspendida de su cargo por 180 días
TENSIÓN. Movimientos de apoyo y de rechazo al mandato de Dilma Rousseff. Una guerra de cifras sobre el resultado de la votación en la que hoy, domingo, se decidirá si se abre un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, caldeó ayer las discusiones en la Cámara de los Diputados.
La oposición necesita dos tercios de la Cámara baja, 342 votos de 513 posibles, para hacer que el proceso con el objetivo de destituir a Rousseff avance al Senado.
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fuerza del vicepresidente Michel Temer, quien relevaría a Rousseff en el caso de que el Senado admita a trámite el proceso, afirmó ayer que ya convenció a 367 diputados, 20 más de los necesarios.
En cambio, varios legisladores oficialistas aseguraron que el cabildeo que realizan Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva está dando sus frutos.
Lula y Rousseff, por separado, mantuvieron ayer reuniones con legisladores y gobernadores, para negociar su apoyo en la votación del domingo.
Sin embargo, cinco partidos de la oposición denunciaron ayer a Rousseff por un supuesto intento de "compra de votos" de cara a la votación de hoy.
La denuncia fue presentada ante la Policía Federal por los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Demócratas (DEM), Popular Socialista (PPS), Laborista Brasileño (PTB) y Social Cristiano (PSC), según informaron portavoces de esos grupos.
Si la oposición gana la votación, el proceso avanzará al Senado, cámara que para aceptarlo necesitaría una mayoría simple de sus 81 miembros.
En ese caso Rousseff sería apartada del cargo de forma temporal, durante un plazo de 180 días, hasta que se culmine el juicio político.
Ayer, se dio a conocer que el Ministerio Público de Brasil ordenó a la Policía del Estado de Goias impedir que los bolivianos que viajaron a Brasil, y que fueron detectados el jueves, puedan participar de las manifestaciones callejeras en apoyo a la presidente Dilma Rousseff, bajo pena de deportación ya que por mandato de las leyes de Brasil no está permitido a los extranjeros hacer actividades políticas en suelo brasileño.
