El Parlamento chino aprobó ayer una controvertida ley para gestionar el trabajo de las ONG extranjeras en el país que, según las afectadas, "acorrala" a la sociedad civil y tendrá un grave impacto en múltiples sectores.
La Asamblea Nacional Popular (ANP) aprobó ayer la nueva legislación y anunció que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.
La ley, duramente criticada por gobiernos como el de Estados Unidos o la Unión Europea, dificulta el trabajo de estas organizaciones y estrecha el control sobre sus actividades, sus miembros y su financiación.
Con un texto muy ambiguo, la legislación afecta a "organizaciones sociales no gubernamentales, sin ánimo de lucro, como fundaciones, grupos sociales o think-tanks", pero no a "colegios, hospitales o instituciones académicas o de investigación en ciencias naturales, ingeniería y tecnología; y otras entidades", que fueron excluidas del texto final.
Los grupos afectados pasan a ser gestionados por la policía, que deberá aprobar su trabajo y, en cualquier momento, podrá cancelar la actividad que estén llevando a cabo o interrogar al responsable de la organización en China si considera que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado.
El hecho de que la policía sea quien supervise a estas ONG "bastará para disuadir a muchas personas de realizar este tipo de trabajo, especialmente por la manera en la que China interpreta lo que es una amenaza a la seguridad nacional", dijo el activista Nicholas Bequelin.
