La Asamblea venezolana pide aplicar carta de OEA
Consideran que el organismo debería aplicar sanciones al gobierno de Caracas
pedido. El presidente de la Comisión Exterior del Parlamento venezolano, el opositor Luis Florido. La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora, pidió ayer formalmente al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que aplique la Carta Democrática Interamericana, un proceso que tiene como última consecuencia la expulsión del organismo.
El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el opositor Luis Florido, entregó ayer la solicitud a Almagro junto a un informe sobre la situación del país en una reunión de una hora en la sede de la OEA en Washington.
"Nosotros no queremos que a Venezuela se le aisle, todo lo contrario, pero queremos generar la presión necesaria para que los venezolanos, con la mediación del Sistema Interamericano, podamos encontrar una salida política a la crisis", explicó el diputado a la prensa tras la reunión.
La petición de la Asamblea Nacional venezolana se basa en una resolución que aprobó el 3 de marzo de este año y que contempla la mediación de la OEA "para defender los valores democráticos y al Parlamento", según informaron a Efe fuentes de la oposición.
Almagro, que no ofreció declaraciones tras la reunión, publicó dos mensajes en la red social Twitter en los que confirma que recibió el pedido formal de invocación de la Carta y un informe sobre la "crítica situación de Venezuela en varios frentes".
Su portavoz, Sergio Jellinek, explicó en declaraciones a los medios que "no hay un plazo definido" para que Almagro tome su decisión pero "estamos hablando de días y semanas" para que presente al Consejo Permanente el informe que él mismo está elaborando sobre la situación en Venezuela.
"Si el informe tiene un cuerpo de análisis que justifica que existe una grave alteración de la institucionalidad venezolana, si lo hará (aplicar la Carta)", afirmó Jellinek.
Almagro podría servirse así de ese informe que prepara para sustentar ante el resto de Estados miembros el importante paso de aplicar la Carta Democrática, al que se opone frontalmente el Gobierno venezolano.
