Erdogan acrecienta su poder tras fallar el golpe de estado

Miles de militares, policías, jueces, funcionarios y hasta conserjes turcos fueron destituidos o detenidos acusados de participar en el fallido golpe de Estado o de seguir a Fethullah Gülen, el predicador al que el Gobierno y el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusan de orquestar la asonada.

La supuesta implicación de este imam, residente en Estados Unidos desde 1999, volvió a ser señalada ayer sin dudarlo por el primer ministro, Binali Yildirim.

"Esto ha sido un golpe contra la democracia turca y está claro quién lo hizo. Todos sabemos que el imam (Gülen) está detrás de ello", sentenció el jefe del Ejecutivo.

Yildirim aseguró que en distintos ministerios hay funcionarios que se unieron a la "organización terrorista", en referencia a "Hizmet" (Servicio), la influyente red de seguidores de Gülen, que hasta hace apenas tres años fue un estrecho aliado de Erdogan y de su partido.

"Hemos empezado a limpiarlos", anunció el primer ministro, continuando la retórica iniciada por Erdogan la misma noche del golpe, cuando se refirió a la asonada como un "regalo de dios" que permitiría limpiar el Ejército de elementos gülenistas.

Las cifras dadas por Yildirim confirman que se trata de una "limpieza" a fondo.

Unos 8.777 funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos agentes, oficiales y altos mandos de la Policía y la Gendarmería, fueron destituidos. Otros 1.500 fueron apartados de sus cargos en otros ministerios.

Un total de 2.745 jueves y fiscales fueron suspendidos, entre ellos cinco miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el cuerpo que decide sobre los nombramientos judiciales.

Un gobernador provincial, 29 ex gobernadores, 52 responsables de distritos, registradores de la propiedad, asesores judiciales e incluso 12 conserjes en edificios públicos cayeron en esta depuración.

En esa lista no se cuentan los 7.543 detenidos, entre policías, soldados, jueces, fiscales y civiles. Entre los arrestados hay 112 generales, casi un tercio de los 356 generales y almirantes que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas turcas.

Cifras todas, de detenidos y destituidos, que Yildirim advirtió "van a cambiar", dejando claro que la purga continuará.

Los militares detenidos están acusados de conspiración para cambiar el orden constitucional por las armas", "resistencia armada contra la autoridad", "creación de una organización armada" y, en algunos casos, de "conspiración y realización de un ataque al presidente".

Entre ellos se cuenta el general Akin Öztürk, ex comandante de las Fuerzas Aéreas turcas y señalado como líder del intento de derrocar al Gobierno, que aseguró que no participó en la asonada y que incluso trató de detenerla.

La purga de esos elementos "gülenistas" en la Administración pública, lo que Erdogan llama el "Estado paralelo", llegó al punto de restringirse que los funcionarios puedan abandonar el país, para evitar huidas de supuestos colaboradores con el Golpe.

Europa advierte sobre retorno de pena de muerte

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea advirtieron ayer a Turquía de que una deriva autoritaria, con la posibilidad de reintroducir la pena de muerte tras el intento de golpe de Estado evocada por su presidente, Recep Tayyip Erdogan, aleja al país de la senda hacia Europa y del Estado de derecho.

"Quiero dejar claro que aún consideramos Turquía como un socio", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una rueda de prensa al término del Consejo, que tras debatir la situación en el país aprobó una declaración en la que recuerda a Ankara su compromiso contra la pena de muerte.

Los ministros subrayaron a Turquía la necesidad de "respetar la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el derecho de todo el mundo a un juicio justo".

Así, recordaron a Turquía sus compromisos contra la pena de muerte adquiridos como miembro del Consejo de Europa.