La decisión de la Policía Federal de presentar cargos por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en medio de la tormenta que vive Brasil, en la última fase del proceso destituyente contra Dilma Rousseff, generó dudas sobre el impacto de esta acusación en el juicio.

El abogado de Rousseff en el proceso destituyente abierto en el Senado contra la presidenta suspendida, José Eduardo Cardozo, inmediatamente resaltó la coincidencia del anuncio de la Policía Federal con el proceso político, pero descartó que pueda influir negativamente en la defensa de la Mandataria.

Cardozo, que fue ministro de Justicia de Rousseff, manifestó su extrañeza por el hecho de que los cargos contra el ex presidente fueran presentados precisamente un día después de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) anunciara que Lula acudirá el próximo lunes al Senado para acompañar la defensa que su ahijada política y sucesora hará ante los senadores que la juzgan.

Para el abogado, acusado o no, la decisión del líder más carismático de Brasil de dejar claro su apoyo a Rousseff la ayudará en su intento de convencer a los senadores de que es inocente.

"La presencia de Lula en cualquier lugar ayuda a quien él apoya", afirmó Cardoso.

El Senado inició el jueves la fase final del proceso en el que acusa a Rousseff de irregularidades en la gestión de las cuentas públicas, que puede concluir el próximo miércoles con la destitución definitiva de la Presidenta.

El ex ministro agregó que Lula no puede ser prejuzgado debido a que la presentación de cargos no dice nada. "Se trata de una acusación sin que él haya hecho su defensa. Creo que el ex presidente probará su inocencia", afirmó.

También el senador Humberto Costa, jefe del grupo del PT en la Cámara alta, apuntó que "el anuncio no tiene ninguna repercusión en el juicio político. Era algo que esperábamos. El ex presidente aún ni fue denunciado penalmente".

Según un documento, la Policía Federal presentó cargos contra Lula por corrupción, falsificación y enriquecimiento ilícito por los supuestos beneficios que recibió de la constructora OAS, una de las empresas condenadas por su participación en la red que desvió millonarios recursos de la petrolera estatal Petrobras.

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