El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió ayer por dos meses el decreto de Estado de excepción y emergencia económica, rechazado por la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.

La medida fue adoptada debido a las "circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico, político que afectan el orden constitucional, la paz social, seguridad nacional, las instituciones públicas y a los ciudadanos", indicó una publicación en la Gaceta Oficial.

El decreto señala que con la extensión el Gobierno podrá aplicar sanciones de carácter político contra representantes de poderes públicos que "obstaculicen" la continuidad de la aplicación de la medida.

Igualmente, podrá imponer normativas excepcionales para autorizar erogaciones con cargo al tesoro nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto 2016 y aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros.

Es la cuarta vez en el año que Maduro prorroga el decreto, cuya legalidad fue avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El decreto señala que la extensión tiene como objetivo adoptar medidas "urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, y el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida".

Pese a las prórrogas, la situación de desabastecimiento continuó en los mercados, así como la escalada de precios.

El diputado opositor y economista José Guerra denunció que la nueva prórroga del decreto "deroga parcialmente la Constitución", al suprimir varias normas constitucionales relativas al control del Legislativo.