El presidente de Brasil, Michel Temer, le pidió ayer a la Fiscalía que acelere la investigación sobre los sobornos pagados a decenas de autoridades por la constructora Odebrecht, en las que figura como uno de los citados, para impedir que el proceso paralice el país.

La petición para que la investigación reciba prioridad fue hecha al Procurador General de la República (Fiscalía), Rodrigo Janot, en un memorando oficial enviado este lunes por la Abogacía General de la Unión, órgano que representa a la Presidencia en procesos judiciales.

El Gobierno alegó en la petición que la divulgación "ilegítima" de las acusaciones hechas por la Odebrecht en su acuerdo de colaboración con la Justicia ha provocado "interferencias" en el proceso de votación de las medidas de ajuste fiscal enviadas por el Ejecutivo al Congreso y necesarias para sanear las cuentas públicas de Brasil.

"La conducción de esa y de otras políticas públicas a cargo del Gobierno (federal de Brasil) viene sufriendo interferencias por la ilegítima divulgación de supuestas colaboraciones premiadas", alegó la Abogacía General de la Unión, para la cual las acusaciones generaron un "clima de desconfianza y de incertidumbre" que "perturban" la labor del Ejecutivo.

Según versiones de prensa hasta ahora no confirmadas por la Fiscalía, Temer fue citado 43 veces en la delación que Claudio Melo Filho, exvicepresidente de Relaciones Instituciones de Odebrecht, hizo ante la Fiscalía como colaborador en la investigación y a cambio de una reducción en sus futuras condenas.

Para evitar que la incertidumbre generada por las posibles consecuencias de la investigación paralice tanto al Gobierno como al Congreso, la Presidencia solicitó celeridad no sólo en la realización de las investigaciones sino también en la homologación ante la Corte Suprema de las delaciones premiadas para que se pueda determinar "eventual responsabilidad criminal de los investigados".

De acuerdo con apartes de la delación ante la Fiscalía hecha por Melo Filho y divulgados por la prensa, Odebrecht pagó sobornos a 51 políticos de 11 diferentes partidos para ser beneficiado en contratos del Gobierno o para que el Parlamento aprobase leyes de su interés.