El plan anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para desligarse de sus negocios privados plantea dudas sobre la posibilidad de que sea muy difícil, si no imposible, evitar conflictos de intereses.

Trump llegará a la Casa Blanca, el 20 de enero, "con más conflictos de intereses que cualquier otro presidente en la historia", afirmó el profesor de derecho de la Universidad de Minesota Richard W. Painter.

En una rueda de prensa que ofreció el miércoles, la abogada de Trump Sheri Dillon hizo una larga disertación sobre las medidas legales adoptadas por Trump con el fin de aislar sus negocios privados de su gestión presidencial.

Pocas personas llegaron a la Casa Blanca con tanta riqueza como Trump, que vino forjando en las últimas décadas un imperio inmobiliario y otros activos calculados en unos 1.500 millones de dólares, con unos ingresos anuales de unos 160 millones.

Pero existen pocas certezas sobre estos dineros, ya que Trump se vino negando a dar a conocer las liquidaciones de impuestos de los últimos años, que podrían indicar cuán rico verdaderamente es, cómo se reparten sus propiedades y cuánto ingresa anualmente.

La exposición de Dillon del miércoles fue seguida horas después por un documento de seis páginas de la firma Morgan Lewis, que asesora a Trump, en el que se detallan las acciones que se adoptaron o se van a adoptar.

Los activos de la firma The Trump Organization, que comprende un centenar de empresas, se integrarán en un fideicomiso que, durante el mandato de Trump, será manejado por dos de sus hijos, Eric y Donald Jr., y el ejecutivo de la firma Allen Weisselberg.

Del equipo gestor dependerá un Asesor Ético, cuya firma será requerida para todas las acciones de negocios "que pueden representar preocupaciones éticas o de conflictos de intereses", según el documento.

Ese fideicomiso no podrá llegar a acuerdos en el extranjero y los negocios en Estados Unidos llevarán un "riguroso proceso" de revisión, sin que Trump, ya como presidente, pueda tener voz ni voto en sus decisiones.

También establece límites en la información que reciba Trump sobre los acuerdos que haga ese fideicomiso. Es decir, supuestamente el presidente Trumpno podrá hablar de negocios con sus hijos y tampoco les dará información oficial que no sea pública.

La primera reacción contundente sobre estos compromisos no se dejó esperar, y estuvo a cargo del director de la Oficina de Éticas Gubernamentales, Walter M. Shaub, quien dejó claro que lo prometido por Trump "no cumple con los estándares" necesarios.

"No podemos arriesgarnos a crear la percepción de que los líderes gubernamentales podrían usar su posición oficial para beneficiarse", sostiene Shaub en una respuesta de cuatro páginas al plan presentado en la víspera por Trump.

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