El Tribunal Supremo británico situó ayer al Parlamento como pilar del futuro del Reino Unido al dictaminar que el Gobierno de Theresa May debe consultar a los diputados antes de iniciar el "brexit", la salida del país de la Unión Europea (UE).
En un dictamen histórico, con una mayoría de ocho a tres, los jueces de la máxima instancia judicial británica concluyeron que no se puede invocar el decisivo artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones del "brexit", sin una votación del Parlamento.
De esta manera, la corte rechazó el recurso que había presentado el Gobierno contra el fallo de un tribunal inferior –el Superior de Londres–, que en noviembre ya dio la razón a un grupo de ciudadanos, representados por la empresaria Gina Miller, al señalar que no se pueden retirar los derechos de los ciudadanos sin consultar al Parlamento.
En su dictamen de unos 90 folios, los jueces del Supremo concluyeron además, esta vez por unanimidad, que el Gobierno central no está obligado a consultar a los poderes legislativos de las autonomías –el Parlamento escocés y las asambleas de Gales e Irlanda del Norte– antes de invocar el artículo 50.
La decisión judicial no anula ni modifica el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016.
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