El Gobierno de Brasil atribuyó ayer el caso de la adulteración de la carne a un delito de corrupción y no a un problema de salud pública o de falta de control sanitario, mientras el presidente, Michel Temer, admitió que el escándalo colocó al país en una "situación embarazosa".

"Evidentemente eso causó, no puedo dejar de registrarlo, una situación embarazosa para Brasil porque llevó a algunos países a, de alguna forma, pensar en suspender las compras de carne", afirmó el Jefe de Estado durante la inauguración de la Conferencia de las Ciudades Latinoamericanas en Brasilia.

No obstante, agregó, "los números muestran la insignificancia de la operación", porque sólo tres de los 4.383 frigoríficos de Brasil fueron intervenidos por la Policía y únicamente 21 están bajo investigación.

El descubrimiento de que algunas empresas adulteraban distintos tipos de carne para vender productos vencidos o no apropiados para el consumo llevó a China, Chile, Hong Kong y la Unión Europea (UE) y Suiza, entre otros, a anunciar restricciones temporales a las importaciones de carnes brasileñas.

Según la Policía, varias de las principales cárnicas del país, entre ellas JBS y BRF, con la complicidad de fiscales sanitarios corruptos, "maquillaron" con productos químicos carnes que estaban en mal estado y no cumplían con los requisitos para la exportación.

"Esperamos que Brasil lleve a cabo una minuciosa investigación de manera abierta y transparente e informe a China de los resultados", advirtió la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying.

Corea del Sur, que el lunes fue uno de los primeros países en sumarse a las restricciones, rectificó y abrió de nuevo sus fronteras a los productos brasileños.

"Esto es, creo yo, fruto de la rápida respuesta y de los esclarecimientos de las autoridades brasileñas", apuntó Temer.

"No es el control sanitario el que está en tela de juicio, sino hechos de corrupción graves y lamentables", afirmó el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, durante una visita a una planta procesadora avícola de la firma JBS en la localidad de Lapa, en el estado de Paraná.

El funcionario, ante un grupo de corresponsales extranjeros, afirmó que "se están dando todas las explicaciones que corresponden a los países" afectados y subrayó que, de los 21 frigoríficos sospechosos, sólo seis se dedicaban a la exportación.

El ministro insistió en minimizar el impacto del escándalo, aunque evitó dar cifras de pérdidas.

"Hay gente que baraja números, pero como Ministerio no podemos precisarlo ahora", apuntó.

La presencia de corresponsales extranjeros en la planta de JBS en Lapa, que da empleo a 1.200 trabajadores y que está bajo investigación por supuestas irregularidades, responde a la estrategia del Gobierno para tratar de disipar las dudas sobre la calidad de la carne brasileña.