La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, presentó ayer los resultados de la Comisión de la Justicia y la Verdad para las víctimas de tortura y asesinato del Estado, entre 1958 y 1998, y dejó pendiente el capítulo de las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2014. El periodo conocido en el país petrolero como "IV República", primavera de la democracia venezolana, alberga el saldo de más de 10.000 víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos, torturadas, asesinadas, y desaparecidas, según el informe final del grupo investigador. La fiscal general venezolana, que presidió la comisión, reveló la existencia de seis centros de operaciones "y más de 20 campamentos técnicos" con equipos "especializados en prácticas de torturas" desde donde se realizaban interrogatorios, durante esa época en la que, dice, hubo "terrorismo de Estado".

La Comisión "surgió como respuesta a la violación de los derechos humanos en que incurrió el Estado contra las personas que asumieron la defensa de los derechos del pueblo venezolano luego del 23 de enero de 1958", tras la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, y la incursión en el régimen democrático, indicó.

El periodo cierra en 1998, año previo al que llegó al poder el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), que saltó a la palestra pública al liderar un fallido golpe de Estado en 1992, y que luego, tras ganar las elecciones, instauró la llamada "V República".

En esa era pre-Chávez "el asesinato, la tortura, y la desaparición, eran parte de una política del Estado".