EEUU: Gobierno presiona a las "ciudades santuario"

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con recortar fondos a las llamadas "ciudades santuario", aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que cometieron algún crimen.

El Ejecutivo ya había formulado esta amenaza anteriormente, pero ayer el fiscal general, Jeff Sessions, dio un ultimátum a las alrededor de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

"Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo", afirmó Sessions, que apareció por sorpresa en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.

"El presidente ya dijo correctamente que esta desobediencia a la ley debe terminar", añadió.

De esa forma, Sessions anunció que el Departamento de Justicia dejará de otorgar subvenciones a las ciudades y condados que permitan la puesta en libertad de los inmigrantes que cometieron un crimen y que se nieguen a informar a las autoridades migratorias sobre el estatus migratorio de sus detenidos

"El Departamento de Justicia tomará todos los pasos necesarios para recuperar cualquier fondo que se haya dado a una jurisdicción que deliberadamente incumpla la ley", dijo.

Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de la policía local y partidas económicas para la adquisición de nuevo equipo, como las cámaras corporales que incorporaron a sus uniformes agentes de ciudades como Baltimore (Maryland) tras episodios de tensión racial.

En el año fiscal actual (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), el presupuesto del Departamento de Justicia destinado a subvenciones asciende a 4.100 millones de dólares, según dijo Sessions.

En respuesta al anuncio de Sessions, el fiscal general del estado de Nueva York, el demócrata Eric Schneiderman, aseguró que su oficina se asegurará de que las entidades locales "tienen las herramientas que necesitan para proteger a las comunidades inmigrantes".

Además, Schneiderman apuntó que Trump "carece de autoridad constitucional" para recortar los fondos federales, y reiteró que las ciudades, condados y estados tienen amplias facultades bajo la Constitución para negarse a colaborar con las autoridades migratorias.