Brasil: Temer enfrenta una aguda crisis política
El escándalo de corrupción salpica a ocho ministros del actual Gobierno

Las investigaciones autorizadas por supuesta corrupción contra ocho ministros y decenas de legisladores de 14 partidos abrieron ayer otra fase de la aguda crisis política brasileña y dejaron contra la pared al gobierno de Michel Temer.
El "apocalipsis político" que muchos esperaban con la cooperación judicial pactada por 77 ex directivos del grupo Odebrecht comenzó la noche del martes, con la decisión del Supremo, apoyada en esos testimonios, de investigar a un centenar de políticos, una cifra que aún es parcial y pudiera aumentar en las próximas semanas.
Además de ocho ministros y decenas de parlamentarios, en la lista de sospechosos están 12 de los 27 gobernadores del país y los cinco ex presidentes brasileños vivos: José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
A pesar de que el escándalo salpica a ocho ministros y a 14 partidos, en su mayoría de la base oficialista, Temer se mostró relajado e intentó transmitir tranquilidad en medio de la tempestad que se abate sobre toda la clase política nacional.
El gobernante encabezó dos ceremonias, una sobre derechos de la mujer y otra sobre patentes farmacéuticas, y en ninguna de ellas se refirió directamente al asunto, aunque sí hizo alusiones en ambas.
"En las eventuales divergencias o interpretaciones equivocadas, quien dará la palabra final será la Justicia", pero lo que "no podemos hacer jamás es paralizar al Gobierno", dijo Temer casi con las mismas palabras en esos dos actos, que según su agenda oficial eran sus únicas comparecencias públicas previstas.
"El Gobierno ejecuta, el Congreso legisla y el Poder Judicial juzga", pero "nada puede paralizar" al Ejecutivo, subrayó.
Hace unas semanas, ante la inminencia de esa decisión judicial, Temer anunció que no pretende destituir a ninguno de sus ministros por el hecho de ser investigado, aunque sí llegaría a ese extremo si las acusaciones fueran aceptadas por los tribunales, con lo cual no se espera un impacto inmediato en el Gobierno.