Un tribunal de Brasilia determinó ayer la "suspensión" de las actividades del instituto fundado y dirigido por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bajo la sospecha de que ha servido para la "perpetración de varios ilícitos criminales".

La decisión fue tomada por el juez Ricardo Augusto Soares Leite, a cargo de una de las cinco causas penales donde el ex mandatario responde ante los tribunales, en su mayoría asociadas a la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.

El tribunal explicó que notificó a la Justicia de Sao Paulo, ciudad donde está la sede del Instituto Lula, con el objetivo de que la decisión sea cumplida "en un plazo de tres días".

En el proceso a cargo del magistrado Leite, Lula es acusado de "obstrucción a la justicia", por supuestas maniobras para intentar comprar el silencio de uno de los ex directivos de Petrobras implicados en el asunto.

La intención, según los cargos, era evitar que ese antiguo ejecutivo de la compañía estatal colaborase con la justicia, a cambio de un multimillonario soborno y hasta ayuda en los tribunales para lograr que fuera absuelto.

La decisión anunciada por el juez Leite está apoyada en la posibilidad de que el instituto dirigido por Lula haya servido para intentar esas maniobras, según explicó el propio magistrado en un oficio remitido a los tribunales de Sao Paulo.

El Instituto Lula, fundado por el ex mandatario en 2011, cuando concluyó el segundo de sus dos cuatrienios en el poder, negó todas las acusaciones, pero dijo que no comentará la decisión adoptada por el juez Leite porque aún no tiene información oficial.

La decisión fue tomada en vísperas de que Lula declare por primera vez, al menos personalmente, ante el juez federal Sergio Moro, en otra de las causas en que responde como reo.

El caso que motiva la declaración se refiere a la propiedad de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá que figura en los registros a nombre de la constructora OAS.