Maduro amplía vigencia de estado de emergencia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo decreto de "estado de excepción y emergencia económica" que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para "preservar el orden interno", mientras se incrementa el número de víctimas por las protestas de la oposición.

El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte "la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios".

La norma señala además que "podrán ser restringidas las garantías" para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son "el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".

El Gobierno venezolano podrá "diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados".

El Presidente se facultó también para decidir "la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político" contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de "excepción y emergencia económica".

A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que "sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (...) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana".

Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en "desacato" por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles llamó a desconocer este decreto "basura" mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, (AN, Parlamento) Julio Borges, dijo que este documento le otorga al Gobierno "más discrecionalidad" en todo lo que tiene que ver con la represión de las protestas.

Por su parte, la Fiscalía General de Venezuela confirmó ayer que cuatro personas murieron a tiros durante las manifestaciones contra el Gobierno realizadas en las últimas 24 horas, aumentando a 43 el número de víctimas mortales luego de seis semanas de protestas.

A la protesta realizada el lunes llamada el "plantón", que se realizó en todo el país obstaculizando vías de tránsito principales, le siguió a una manifestación sin convocatoria oficial en la región central de Miranda, lo que dejó cuatro muertos y dos heridos de gravedad.

Un hombre de 32 años murió ayer en Miranda, luego de ser herido en una manifestación en la localidad de San Antonio de los Altos, en Miranda, que fue enfrentada por la Guardia Nacional.

En Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sugirió que la Fuerza Armada venezolana está cometiendo crímenes de lesa humanidad y responsabilizó de las muertes en las protestas a los ministros del Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino, y al jefe de la Guardia Nacional (Policía militarizada), mayor general Antonio Benavides Torres.