Afirman que Venezuela "ya no es democracia"

Los 17 países de América y el Caribe reunidos ayer en Lima para tratar la situación de Venezuela reafirmaron su opinión común de que esa nación "ya no es una democracia" y que "los actos que emanen" de su Asamblea Constituyente "son ilegítimos".

Esas fueron dos de las conclusiones expresadas en la denominada declaración de Lima, difundida por los cancilleres nada más terminar la reunión que mantuvieron ayer y que incluyó el reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente elegido en Venezuela, el rechazo a la violencia y una condena a la violación de los derechos humanos cometidos en el país.

La declaración fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, quien no dudó en afirmar ante los medios presentes que "lo ocurrido en Venezuela" en los últimos días "es un quiebre decisivo" en la situación política y que "lo que tenemos ahora es que Venezuela es una dictadura".

La Declaración de Lima, en su "pleno respaldo y solidaridad" con la Asamblea Nacional "democráticamente electa", señaló que todos los actos jurídicos que conforme a la Constitución venezolana vigente "requieran autorización" de la misma, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea "los haya aprobado".

Además, también expresó "su apoyo y solidaridad con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela" que fueron destituidos por la Constituyente y exigió la "aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos".

Los cancilleres también condenaron "la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión, y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente".

El documento también resaltó que en Venezuela no se cumplen los "requisitos y obligaciones" de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respaldaron la decisión de "continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela".

También se apoyó explícitamente al Mercosur por su decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia.

Junto a esto, los cancilleres solicitaron suspender cualquier transferencia de armas a Venezuela mientras continúe esta situación en el país.

También pidieron a la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la Unión Europea (UE) suspender la cumbre prevista entre ambas organizaciones para octubre de 2017 hasta que se solucione esta crisis.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en Venezuela, en el que sostiene que las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado de forma sistemática y generalizada a miles de manifestantes y han detenido de forma arbitraria al menos a 5.000 personas, muchas de las cuales sufrieron "torturas" durante su arresto o reclusión.

"Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas. Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar", denunció en un comunicado el comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Países de ALBA cierran filas a favor del gobierno de Maduro

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) cerraron ayer filas a favor del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al rechazar las sanciones internacionales contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurada por el chavismo y mostrar su respaldo a ese órgano.

"Estas acciones contra Venezuela no conducirán a ninguna solución que favorezca al pueblo, y solo tienen como objetivo generar más inestabilidad y alentar a los sectores más violentos de la oposición", se lee en la resolución adoptada por los cancilleres del ALBA en la reunión extraordinaria a la que asistieron en Caracas.

El texto repudia como "injerencias imperialistas" las medidas tomadas por Estados Unidos contra el presidente Maduro y los miembros de su Gobierno por llevar adelante la Constituyente, unas sanciones que estudia adoptar también la Unión Europea.

Según la ALBA, medidas como la congelación de bienes que Maduro y otros altos cargos venezolanos tengan en Estados Unidos están dirigidas contra "el pueblo" venezolano y buscan "un cambio de régimen" en el país caribeño.

Además de Venezuela, la ALBA está compuesta por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, la mayoría de ellos con estrecha dependencia energética de Caracas.