El Gobierno español pidió ayer claridad al presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, y aseguró que no aceptará respuestas ambiguas sobre si declaró o no la independencia de esa región española que, de seguir en la situación de inestabilidad actual, podría entrar en recesión económica.
El lunes (16 de octubre) termina el plazo para que Puigdemont responda al requerimiento que el Gobierno le envió el miércoles para que aclare lo que dijo en su confuso discurso ante el Parlamento catalán.
Si el líder catalán no da una respuesta negativa a la declaración de independencia, se activará la segunda fase del artículo 155 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas.
Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien reiteró que las autoridades catalanas "aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional".
