Gobierno de Puigdemont pende del Senado español
Con una mayoría absoluta en su Legislativo y el apoyo de algunos opositores, el Presidente de España sólo espera un mero trámite
La tensión entre el gobierno catalán y el español llegó ayer a su clímax; Mariano Rajoy anunció la decisión de suspender a Carles Puigdemont y todo su equipo, limitar las funciones del Parlamento regional y convocar a elecciones autonómicas, una propuesta que debe ser ratificada por el Senado oficialista. El presidente de Cataluña respondió con un llamado a sus legisladores para dar una respuesta al “ataque”.
El Ejecutivo español propuso el cese del gobierno del presidente independentista de Cataluña, limitar las funciones del Parlamento regional y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región, de la que aseguró no se vulnerará su autonomía.
Para frenar el proceso secesionista catalán, el Consejo de Ministros aprobó un decreto, que deberá ratificar el Senado, para ejercer temporalmente las competencias del autogobierno de Cataluña, como la hacienda y el orden público, en virtud del artículo 155 de la Constitución, inédito hasta ahora en España.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica incumple las leyes de forma sistemática, el Gobierno aprobará medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
Puigdemont o el representante que él designe podrá presentar alegaciones entre el martes y el jueves próximos en el Senado, antes de que el pleno de la Cámara debata y apruebe las medidas, previsiblemente el viernes 27 de octubre, ya que el gobernante Partido Popular (PP) dispone de mayoría absoluta.
España vive desde las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes catalanes para lograr la independencia de Cataluña, entre ellos la celebración el pasado 1 de octubre de un referéndum ilegal de autodeterminación.
El jueves pasado, Puigdemont avisó al Presidente del Gobierno español, que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.
El Ejecutivo justificó la aplicación de las previsiones constitucionales por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales y atentar "gravemente" contra el interés general de España.
La facultad de disolver el Parlamento de Cataluña para convocar elecciones corresponderá a Rajoy, quien espera que sea posible celebrarlas en cuanto se recupere la normalidad.
En rueda de prensa, argumentó que los objetivos son, por este orden, volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.
La vigencia de todas estas medidas se mantendrá hasta la toma de posesión del nuevo gabinete catalán, tras los comicios autonómicos.
Mientras tanto, el ejercicio de las funciones de los consejeros regionales se encargará a los órganos y autoridades que designe el Gobierno central.
Además, el Parlamento catalán no podrá proponer ni votar ningún candidato a la Presidencia de Cataluña mientras estén vigentes las medidas propuestas ni tomar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía.
En la oposición, socialistas y liberales apoyaron al Ejecutivo, al contrario que el izquierdista Podemos y los partidos independentistas.
SE ACOGE AL PARLAMENTO
Horas después del anuncio de Rajoy, el presidente de la región de Cataluña anunció que dejará en manos del Parlamento autonómico la respuesta al "ataque" del Gobierno español.
La decisión del dirigente secesionista catalán fue pedir la convocatoria de un pleno del Parlamento autonómico –previsiblemente antes del día 27– para "debatir y decidir" una respuesta a las medidas contra el proceso independentista que impulsa y con el objetivo de "defender las instituciones" de Cataluña.
Por su parte, el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, instó a los catalanes a manifestarse contra el "totalitarismo" del Gobierno central y en defensa de la "democracia".
"No podemos aceptar este ataque", dijo Puigdemont, para quien el Ejecutivo español quiere "humillar" a Cataluña y gobernar desde Madrid los asuntos de la región.
La comparecencia de Puigdemont estuvo precedida de una manifestación en Barcelona en la que miles de personas (unas 450 mil según la Guardia Urbana) protestaron contra la decisión del Consejo de Ministros de ayer y para pedir la libertad de dos líderes de entidades sociales secesionistas que están en la cárcel desde hace unos días por el supuesto delito de sedición.
Apagón web
El grupo de cyberataque Anonymous atacó ayer la página web del Tribunal Constitucional (TC) de España al igual que varias páginas web de instituciones y fundaciones, para mostrar su apoyo a la independencia de Cataluña. Varios de los servicios retornaron al finalizar la tarde.
