España vivió una jornada de tensión e incertidumbre ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, formalice hoy, jueves, o mañana la independencia unilateral de la región, tras haber desistido ayer de comparecer ante el Senado en Madrid para explicarse.

La renuncia de Puigdemont a presentar en la Cámara Alta sus alegaciones contra la intervención de la autonomía de la región anunciada por el Gobierno central de Mariano Rajoy fue interpretada como otra puerta cerrada a una salida negociada a la crisis.

"Está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar", señaló el portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, tras conocerse la decisión del "president".

La incertidumbre ante dos días decisivos quedó reflejada en las informaciones contradictorias sobre la presencia de Puigdemont ante el Senado. La prensa aseguró en un primer momento que acudiría, pero el "Govern" en Barcelona confirmó luego que no lo hará los días en que había sido invitado.

El Senado tiene previsto aprobar mañana, viernes, la intervención de la autonomía de Cataluña por parte del Gobierno central mediante el artículo 155 de la Constitución. Rajoy prevé la destitución de Puigdemont y su Gobierno y la convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo de seis meses, entre otras medidas contundentes.

El gran interrogante ahora es cómo responderá el Parlamento catalán a la intervención de la autonomía y cuándo lo hará exactamente.

El "parlament" convocó para hoy, jueves, un pleno para analizar esa respuesta. La sesión, que previsiblemente se alargará hasta este viernes, podría servir para declarar la independencia unilateral.

Como si de un "dejà vu" se tratase, Puigdemont vuelve a verse en medio de los sectores más moderados y radicales del soberanismo. Los primeros le piden evitar la declaración de independencia y convocar a elecciones, mientras que los segundos le exigen proclamar la "república catalana" y llamar a una resistencia civil para boicotear la intervención de Madrid.

Hace medio mes, Puigdemont hizo equilibrios ante esas mismas presiones cuando anunció la independencia en el "Parlament" catalán, pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo. Al igual que ahora, la decisión del Jefe de Gobierno catalán mantuvo en vilo a la ciudadanía y el Gobierno de Madrid hasta el último momento.

Las dos semanas que pasaron desde aquel 10 de octubre no sirvieron para acortar distancias entre Madrid y Barcelona y tras dos pedidos de rectificación no atendidos por Puigdemont, Rajoy anunció el sábado la aplicación del artículo 155.

A pocas horas de la decisiva sesión del Senado, tampoco está claro si queda aún margen para frenar la aplicación del artículo 155. Los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición que apoya al Gobierno en la intervención, consideraron que no cabría "ni jurídica ni políticamente" dar ese paso si Puigdemont convoca elecciones y vuelve a la legalidad.

Para el Partido Popular (PP) de Rajoy, por el contrario, ya es demasiado tarde: "Convocar elecciones como treta para evitar el artículo 155 ya no es admisible. Se han dado suficientes oportunidades para cumplir la ley", dijo Pablo Casado, vicesecretario de organización del PP.

Rajoy, entretanto, se limitó a defender la aplicación del artículo 155 como "única respuesta posible ante la posición de las instituciones catalanas", según definió en el Congreso de los Diputados en Madrid. "Cumplo con mi obligación y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a la Constitución y a los millones de ciudadanos de Cataluña que ven que su Gobierno ha liquidado la ley".