Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina y recién elegida senadora, negó ayer ante la Justicia haber encubierto a los sospechosos iraníes de cometer el atentado a una mutual judía de Buenos Aires en 1994 y acusó al gobierno de Mauricio Macri de usar el Poder Judicial para perseguir a opositores.
"Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento. El Gobierno esta atrás de esto con sus operadores judiciales", subrayó ante la prensa la ex jefa de Estado, ya procesada en tres causas -dos de ellas por corrupción-, apenas un día después de la detención de quien fuera su ministro más poderoso, el diputado Julio de Vido, por el mismo tipo de delitos.
Convocada por el juez Claudio Bonadio, la ex Jefa de Estado (2007-2015) acudió este jueves a los tribunales federales de Buenos Aires para declarar como investigada por las acusaciones que en enero de 2015, días antes de aparecer muerto, presentó contra ella y otros miembros de su Gobierno el fiscal Alberto Nisman.
El procurador aseguraba que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y y el ex canciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.
"No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra", expresó Fernández en un escrito presentado ante Bonadio.
Así y todo, la ex mandataria remarcó que el convenio fue aprobado en su momento por el Congreso, que tiene esa facultad como Poder Legislativo, algo que en su opinión constituye una cuestión "no justiciable", al igual que las negociaciones diplomáticas, y defendió que la Constitución otorga facultades al Poder Ejecutivo para "conducir las relaciones exteriores".
El acuerdo bilateral contemplaba crear una comisión de expertos para revisar la causa por el atentado y el desplazamiento del juez argentino a cargo del caso a Teherán para interrogar a los sospechosos, ya que en Argentina no está aprobado el juicio en ausencia.
