El cesado presidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont confirmó ayer que no acudirá hoy, jueves, a la cita con la Justicia española para declarar por la querella de la Fiscalía, que le acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación.
Las mismas acusaciones pesan para el resto de ex integrantes de ese Gobierno regional, cuatro de los cuales tampoco están dispuestos a acudir a la Audiencia Nacional de España, mientras que los seis integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico reclamados sí comparecerán por su parte en el Tribunal Supremo, por una querella en los mismos términos.
Puigdemont, que está en Bruselas junto con varios de sus ex consejeros regionales, emitió un comunicado en el que se presenta como el presidente del "Gobierno legítimo" de la comunidad autónoma de Cataluña, a la vez que considera que afrontan un "juicio político" en la Audiencia Nacional de España, por lo que pide garantías.
El 27 de octubre el Parlamento regional aprobó una declaración de independencia ilegal, tras un voto en secreto, con el hemiciclo semivacío por ausencia de la oposición y sin alcanzar la mayoría de dos tercios que exige el reglamento de esa cámara.
Ese mismo día y previa autorización del Senado, el Ejecutivo español cesó a los gobernantes catalanes, disolvió la Cámara autonómica y convocó elecciones en esa comunidad para el 21 de diciembre.
La jueza Carmen Lamela, que instruye la causa, podría decidir enviar una orden europea de detención a la justicia belga contra Puigdemont.
