Como se anticipaba, la justicia española emitió ayer una orden europea de detención contra el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros que están en Bélgica y que se ausentaron a declarar en sus procesos por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Sin embargo, el líder secesionista aseguró que no huyó y que de hecho quiere volver a candidatear.

Siguiendo la petición de la Fiscalía, la jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela, emitió sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las dirigió expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.

La magistrada cursó euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, y también dictó busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos.

Además, rechazó la petición formulada por Puigdemont y los ex consejeros de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.

La orden de detención llega 24 horas después del ingreso en prisión del ex vicepresidente regional Oriol Junqueras y de otros siete ex consejeros, acusados de los mismos delitos, una decisión que golpeó fuertemente en los sectores independentistas que denunciaron una supuesta politización de la Justicia.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por medio del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó por su parte que en España existe la división de poderes, y situó la resolución judicial dentro de un ámbito "independiente y autónomo".

Méndez de Vigo compareció en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros, en el que se establecieron las bases de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diembre que, según afirmó, "se ajustarán a la legalidad".

Puigdemont aseguró este jueves que la entrada en prisión de los miembros de su gabinete representaba "un golpe" contra esos comicios, que se desarrollarán, a su juicio, "en un clima sin precedentes en la Europa del siglo XXI".

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En una entrevista en la televisión pública francófona RTBF, Puigdemont aseguró que está "dispuesto a ser candidato" a las elecciones "incluso desde el extranjero".

En ese sentido, Méndez de Vigo recordó que mientras que no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el que esté en posesión de sus derechos civiles y políticos puede concurrir a unos comicios.

La capital catalana volvió a acoger ayer nuevas concentraciones para exigir la libertad de los miembros del Gobierno autonómico cesado, así como de los líderes de las dos principales organizaciones independentistas, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixat, en prisión desde el 16 de octubre acusados de secesión.

¿Cómo y cuándo se ejecutará la orden europea?

Tras la emisión de la euroorden de detención contra el ex presidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros, que se encuentran en Bélgica, el trámite de la medida podría tomar varios días en ejecutarse, dependiendo de la posición de los catalanes.

La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) o euroórden sustituye entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega.

La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación de fondos públicos.

En caso contrario, los delitos que se achacan al ex presidente regional catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.

Según el ordenamiento jurídico belga, los ex altos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.

Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo (tribunal de instrucción) de Bruselas, que dispondría de un plazo de 15 días.

Si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de 60 días a partir de la detención.