Un juez ordenó ayer detener a la ex presidenta argentina y senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutual judía en 1994, para lo que pidió al Senado que le despoje de los fueros que la protegen.

Según fuentes judiciales, el magistrado federal Claudio Bonadio, que ya encabeza otras causas que afectan a quien fuera Jefa de Estado de 2007 a 2015, dictó su procesamiento por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió su detención al considerar que puede entorpecer la causa.

También ordenó sobre ella un embargo de 50 millones de pesos (2,88 millones de dólares).

La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández —que juró al cargo el pasado 29 de noviembre—, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales, que apuntan a que el procurador fue asesinado.

Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

En un dictamen de casi 500 páginas, Bonadio dictó otros procesamientos, varios de ellos con prisión preventiva: al ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el sindicalista Luis D'Elía, que ya fueron arrestados, y otorgó la prisión domiciliaria al ex canciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud.

También fueron detenidos Jorge "Yussuf" Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, y el dirigente político Fernando Esteche, al considerar que el delito imputado fue orquestado por la cúpula del Gobierno pero contó con la colaboración de distintos funcionarios.

Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta en 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con el polémico acuerdo en el centro de atención, y dirigida por Bonadio.

Señalan a Macri como responsable por persecución

La ex presidenta argentina y senadora Cristina Fernández se definió como víctima de una "persecución" y definió como un "exceso" y una violación del Estado de derecho que un juez la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutual judía en 1994

"Estas medidas degradan aún más a la justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", expresó la ex mandataria, quien juró su cargo como legisladora hace poco más de una semana, en una rueda de prensa en el Congreso.

La ex Presidenta consideró que el dictamen emitido por el juez Bonadío es una "gran cortina de humo" con la que, a su criterio, el Gobierno argentino "pretende tapar" el tratamiento legislativo de varias controvertidas normas y el "fracaso de la política económica".

El jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Marcos Peña, aseveró que el presidente, Mauricio Macri, no llegó al poder para interferir en la Justicia, después de que la ex presidenta le responsabilizara de que un juez haya ordenado su detención.