La familia de un boliviano que vivió siete años en España antes de ser deportado por carecer de papeles, busca apoyos para intentar que se le conmute la pena de muerte por ahorcamiento a la que fue condenado en Malasia por introducir 450 gramos de cocaína en el país.
El condenado es Víctor Eduardo Parada Vargas, de 30 años, que vivió en la localidad de Benilloba, en la provincia de Alicante (este español), de 2002 a 2009, cuando fue expulsado de España a Bolivia por carecer de documentación, explicó este viernes una de sus hermanas.
En 2013 fue detenido en Kuala Lumpur cuando trataba de introducir desde su país 450 gramos de cocaína repartidas en bolsas ingeridas, lo que inició un proceso judicial que desembocó en una reciente condena a la pena capital.
Su madre sigue teniendo domicilio en Benilloba mientras que sus tres hermanas viven en la cercana localidad de Alcoy, donde todos trabajan teniendo la doble nacionalidad, y desde donde tratan de conseguir que la Justicia malaya no aplique la pena de muerte a Víctor.
Su hermana indicó que, en Benilloba, Víctor estudió un módulo de carpintería y realizaba trabajos en el colegio del pueblo haciendo estanterías cuando, un día de 2009, fue interceptado y deportado a Bolivia por estar en situación ilegal en España.
Una vez en su país de origen, ejerció como carpintero y tuvo un hijo con una mujer antes de sufrir un accidente laboral que le amputó los dedos índice y corazón de la mano derecha, lo que le hizo perder el empleo.
En ese momento empezaron los problemas económicos y de pareja, y un individuo le prestó un dinero que, poco después, le exigió devolver bien en metálico o bien a cambio de portar droga como “mula” a Malasia a finales de 2013.
Fue detenido en Kuala Lumpur con la cocaína y desde entonces la madre y las tres hermanas viven un calvario por el que ya han gastado 40.000 euros en viajes, abogados, traductores y otras gestiones, sin resultado positivo alguno.
El pasado 5 de enero el juez lo condenó por tráfico de drogas a la pena de muerte por ahorcamiento, decisión que ha sido recurrida en primera instancia.
La madre, que lleva unos meses en Bolivia tratando de traer a España al nieto de seis años (a cuya custodia ha renunciado la expareja de Víctor a favor de la abuela paterna), y las hermanas piden la ayuda de alguna ONG o abogado experto en este tipo de situaciones para conmutar la pena.
"No queremos dinero sino ayuda y asesoramiento. Aceptamos que debe pagar por el delito cometido pero no con la horca", subrayó la hermana, para quien "no hay derecho a esa condena por llevar 450 gramos de cocaína".
La familia, que ha tenido que pedir prestados parte de los 40.000 euros gastados en las gestiones, ha recurrido al consulado boliviano en Valencia, a las embajadas de Bolivia y Malasia en Madrid, y también ha contactado con la embajada del país iberoamericano más cercana a Kuala Lumpur, en Tokio, aunque se queja de la escasa atención recibida.
