Un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró ayer que existe un "fundamento razonable" para considerar que el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cometió crímenes de lesa humanidad y, por tanto, puede ser denunciado ante la CPI.

En su informe, presentado ayer en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, el panel de expertos concluye que los crímenes de lesa humanidad se cometieron con "una intención política" para ejercer el "control social" sobre una parte de la población.

"Este panel estima que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad", afirmó Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que forma parte del grupo de expertos.

Los expertos consideran que Maduro, las Fuerzas Armadas y algunos miembros de su gobierno son "los autores intelectuales de la represión, o guerra en contra del enemigo interno".

"Son los responsables de todos los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y los otros actos de violencia sexual, y persecución cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar", reza el reporte.

Por ello, el grupo recomienda a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la responsabilidad penal de 11 individuos, encabezados por Maduro; su actual vicepresidente, Tareck el Aissami, nombrado en 2017; su antecesor en la Vicepresidencia, Jorge Arreaza Montserrat (2013-2016); así como otros miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El informe asegura que, desde las marchas antigubernamentales de 2014 se han registrado 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados "colectivos", ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.

Además, según detalló Cantón, Venezuela registró 8.292 homicidios desde 2015; 12.000 detenciones arbitrarias desde la elección de Maduro en 2013; 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir "descargas eléctricas en sus genitales".

Misión venezolana rechaza el informe y lo tilda de "farsa"

La misión de Venezuela en la OEA tachó ayer de "grotesca farsa mediática" el informe elaborado por un grupo de expertos designados por el secretario general del organismo, Luis Almagro.

La misión de Venezuela expresó "su profundo y categórico rechazo" al documento y consideró que es "resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio" del derecho internacional y de las reglas del organismo.

"Dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada. El secretario general se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene como es la de ser una instancia judicial. En tal sentido, no es más que una grotesca farsa mediática", afirma la misión de Venezuela.

La OEA como organización no tiene capacidad para enviar un caso a la CPI pero sí pueden hacerlo cualquiera de los Estados miembros del organismo panamericano que hayan suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

De los 34 Estados miembros de la OEA, 28 (incluido Venezuela) han ratificado dicho Estatuto.

Si ningún país denunciara a Venezuela, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la CPI.

La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela ante ese tribunal, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que si lo hace un individuo (en este caso Almagro) la Fiscalía debería recibir la autorización previa de un grupo de jueces.

El informe fue elaborado a partir de 26 testimonios de personas que intervinieron en audiencias celebradas el año pasado en la OEA, así como decenas de testimonios de víctimas entregados a la Secretaría General y documentos de más de 40 organizaciones no gubernamentales.

Desde el principio, la misión de Venezuela en la OEA ha tachado de "ilegal" las audiencias, pero la Secretaría General justifica su investigación argumentando que debe cumplir con el acuerdo de cooperación suscrito con la CPI en abril de 2011.