La desmovilizada guerrilla de las FARC recaudó entre 1996 y 2012 al menos 3,6 billones de pesos (unos 1.250 millones de dólares) por secuestros, según el primer informe que la Fiscalía colombiana entregó ayer a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre sus investigaciones del conflicto armado.

La Fiscalía indicó en un comunicado que el documento busca "poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz sin impunidad".

En el texto, enviado a la JEP por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal María Paulina Riveros, se detallan "las investigaciones en curso, por conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio".

El inventario incluye 223.282 casos relacionados con el conflicto, por los cuales hay 280.471 investigados y "196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos".

De ese total, 52.220 fueron cometidos por las FARC (23.4%) y 13.934, equivalentes al 6.2%, por la fuerza pública.

También figuran 10.164 atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN); 55.768 a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); 3.324 a otras guerrillas, y 87.872 a grupos sin identificar.

En la parte del informe que hace alusión a la "retención ilegal por parte de las FARC", el fiscal Martínez aseguró que dicho delito es "una de las violaciones de derechos fundamentales más cruel e inhumana que tuvo lugar en el marco del conflicto armado de nuestro país".

La retención ilegal y extorsiva de personas, prosiguió, "fue recurrente a través de los años y siguió unos lineamientos explícitos de las FARC para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política".

El informe comienza citando el secuestro y posterior asesinato del industrial y ex ministro de Fomento Harold Eder, ocurrido en marzo de 1965 en su finca del departamento del Cauca y considerado uno de los primeros cometidos por las FARC.

Sin embargo, fue a partir de las década del 90 cuando las FARC intensificaron el delito del secuestro y lo convirtieron en una de sus principales fuentes de financiación.