El escándalo en Argentina por la presunta red de sobornos a funcionarios de los gobiernos kirchneristas (2003-2015) rozó ayer al actual Ejecutivo después de que el empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, admitiera que hizo aportes ilegales en ese periodo.
Dueño de la constructora Lecsa hasta marzo de 2017, Calcaterra se presentó voluntariamente ante el juez del caso, Claudio Bonadio, y reconoció que fue presionado por funcionarios de la gestión de Cristina Fernández (2007-2015) para aportar dinero a las campañas electorales del kirchnerista Frente para la Victoria en 2013 y 2015.
La antigua empresa del hijo de María Pía, hermana de Franco Macri, padre del presidente, está mencionada en los cuadernos que durante más de una década escribió el ex chofer del Ministerio de Planificación Óscar Centeno, en los que presuntamente detallaba el trayecto que hacía con bolsas con millones de dólares que empresarios destinaban a funcionarios para obtener obras públicas.
Calcaterra, que no fue detenido, quedó en el proceso como "imputado colaborador", al igual que el ex director ejecutivo de Lecsa Héctor Javier Sánchez Caballero, quien tras ser arrestado el 1 de agosto pasado quedó ayer en libertad condicional.
En los últimos días se produjeron en torno a una veintena de detenciones, entre ellas de empresarios y ex altos cargos de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), ambos ex mandatarios señalados en la causa como posibles beneficiados de esas coimas.
