El Gobierno italiano endureció ayer las condiciones de los solicitantes de asilo en el país con la aprobación de un decreto que prevé, entre otras cosas, expulsiones de los inmigrantes considerados "un peligro social" o condenados en primer grado.
La normativa fue aprobada en el Consejo de Ministros y fue impulsada por el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, que en los tres meses que ostenta el cargo está llevando a cabo una política de freno a la inmigración.
"En caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo, esto será motivo suficiente para llevarlo a un centro para refugiados y comenzar con los trámites para su expulsión", dijo Salvini, en una rueda de prensa posterior a la reunión.
El decreto contempla que la condena en primer grado para terminar el proceso de solicitud de asilo puede ser por delitos relacionados con drogas, robo, violencia sexual, violencia contra un funcionario público o lesiones graves.
Se trata de una normativa que tiene como objetivo "hacer Italia más segura", subrayó el también vicepresidente.
La iniciativa pretende "combatir con más fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas, reducir los costes de una inmigración exagerada, expulsar más velozmente a los delincuentes y a los falsos refugiados, quitar la ciudadanía a los terroristas y dar más poder a las fuerzas del orden", indicó.
El decreto prevé medidas como la de que los inmigrantes que tengan una condena definitiva por terrorismo verán retirada su ciudadanía italiana, o que el país no consentirá la entrada en su territorio a ningún extranjero que haya sido expulsado de otros países de la zona Schengen.
